El Derecho Penal en Japón. Delitos más importantes y normas procesales básicas en el Imperio del Sol Naciente

Derecho Penal en Japón

El Derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos” (Immanuel Kant) a lo que conviene añadir que La libertad no es posible más que en aquellos países donde el Derecho predomina sobre las pasiones” (Henri Lacordaire), aunque desgraciadamente Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan atrapadas las pequeñas” (Honoré de Balzac)

Más o menos a todo el mundo le gusta esta rama del Derecho, o al menos es aquélla de la que la gente más ha oído hablar, aunque reconozco que no es un asunto que a mí me entusiasme precisamente. Sin embargo, si hay algo que puedo asegurar sobre la cultura del Imperio del Sol Naciente es que éste es uno de los temas por los que más suelen interesarse los aficionados al manga y al anime cuando se ponen a investigar sobre nuestro país de referencia. Un fenómeno que, desafortunadamente, ocurre en paralelo a otra desgracia: que, rara vez, se suele hablar con conocimiento de causa. Así pues, este post pretende dar algunas pistas sobre cómo funciona el “ius poenale” nipón. O dicho de una manera más asequible: cómo castigan los japoneses los comportamientos que, desde su punto de vista, son los más graves y merecen lo que nosotros denominamos como “reproche Penal”.

Elaborar este artículo fue realmente complicado por un hecho comúnmente sabido sobre mí. No sé hablar el idioma del archipiélago y los textos que he tenido que consultar estaban en inglés y en francés, por lo que no he podido asesorarme directamente mediante fuentes originales. Del mismo modo, todo lo escrito a continuación está redactado por un estudiante, con lo que su valor doctrinal o científico es nulo y es posible que tenga errores. Además he intentado prescindir en la medida de lo posible de tecnicismos con el propósito de que todo sea lo más didáctico posible, por lo que he utilizado un tono pedagógico a la vez que entretenido, o al menos he hecho en esa dirección lo que ha estado en mi mano. Asimismo, a lo largo de toda su extensión he comparado nuestras filosofías en ese ámbito con las suyas con la intención de que se entienda todo lo que he tratado de plasmar para alguien que viva fuera del ámbito del Derecho. Es decir, la mayor parte de nuestras máximas son las suyas y una de las mejores maneras de aprender es tener claro lo que ya sabemos, para que así no nos cueste entender lo que nos resulte novedoso o cuanto menos extraño.

Se trata de un tema muy amplio y, por lo tanto, es imposible detenerse en profundidad en todos los aspectos que tratamos. A un tiempo hay que pensar que nuestra manera europea de pensar no es la asiática y, lógicamente, para ellos existen ciertos comportamientos muy graves desde su perspectiva que para nosotros no lo son y al revés, y aplican ciertos castigos que para nosotros serían inconcebibles, como más adelante veremos. Aunque antes de comenzar, haremos una aclaración protocolaria aunque no por ello menos importante y es el uso de abreviaturas. CPE significa “Código Penal Español”, CPJ “Código Penal Japonés”, LECrim “Ley de Enjuiciamiento Criminal” (España), LECrimJ “Ley de Enjuiciamiento Criminal Japonesa”, LPME “Ley Penal del Menor Española” y LPMJ como “Ley Penal del Menor Japonesa”. Pero basta ya de presentaciones e intentemos hacer, antes de nada, una pequeña introducción.

¿Qué es el Derecho Penal y qué persigue?

Normalmente, la mayor parte de la gente ajena al mundo del Derecho, no suele saber qué significan palabras como “jurisdicción” u “orden jurisdiccional” y en su mayoría piensan que en todo juicio suele haber una pena de cárcel en juego, amén de una suculenta suma económica asociada a la misma. Aunque esto por supuesto no tiene nada que ver con la realidad, que resumiremos en que la Justicia es lo que los juristas denominamos un método “heterocompositivo” de solución de conflictos. Es decir, dos personas no llegan a un acuerdo sobre un conflicto que tienen y que afecta a su pacífica convivencia, por lo que introducen a un tercero, en este caso un juez, para que solucione su problema con arreglo a las leyes vigentes.

Naturalmente no todos los problemas tienen las mismas características ni desde luego las mismas soluciones o normas aplicables, y es allí donde entran en juego los llamados “órdenes jurisdiccionales” que servirán para poner a disposición de la persona un juez idóneo y con conocimiento suficiente como para aportar una respuesta adecuada a sus pretensiones. Así por ejemplo en España, existe el orden “Contencioso-Administrativo” cuando queremos demandar a una administración pública ante un acto que lesiona nuestros derechos, por ejemplo la Universidad de Barcelona o la Generalitat de Catalunya, el “Social”, que juzga conflictos de origen laboral, el “Civil” que regula todas las relaciones de ámbito privado entre las personas (herencias, matrimonios, usufructos, donaciones, etc) y “Penal”, encargada de castigar acciones de carácter reprochable y dentro de la cual se engloba la llamada “Militar” (de carácter excepcional) relacionado fundamentalmente con estos temas acontecidos en el ámbito del Ejército.

Esas “acciones de carácter reprochable” son las conocidas genéricamente como “ilícitos” que, acto seguido, pasarán a denominarse “injustos” dentro de este ámbito. Sin embargo, también existen otros hechos juzgados en los otros órdenes que son cuestionables a nivel moral, como por ejemplo un despido improcedente o el incumplimiento de un contrato. ¿En qué se diferencian? Pues en que esta clase de infracciones en las que vamos a ahondar tienen unas características muy concretas en la acción que las hacen especiales, y que consisten en la conjunción en ellas de tres características.

KantAnteLosRusos

Kant, en una conferencia ante oficiales rusos, fue durante siglos el filósofo de referencia en el ámbito Penal con su teoría del retribucionismo.

Típica: Es la famosa “tipificación”. Hace referencia a una conducta prohibida expresamente por la Ley Penal aplicable y que tiene que estar descrita dentro de ella. Un buen ejemplo lo encontramos en el Homicidio (138 CPE): “El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años”. Todos sabemos que matar a otro es algo execrable, pero desde el punto de vista Penal, sólo puede perseguirse porque hay un texto legal, en este caso el Código Penal, que nos dice que esa conducta no puede ser tolerada, por lo que debe ser detenida y castigada. Si lo prefieres, no se trata de perseguir algo que socialmente se repruebe o se mire mal desde el punto de vista moral, sino de que el legislador de turno haya definido un hecho como ilegal dentro del mencionado orden Penal, sin más límites que los impuestos por los Derechos y Libertades de la Constitución o las diferentes Declaraciones y Convenios de los Derechos Humanos. Del mismo modo, la Ley Penal es, por definición, irretroactiva. Si una acción es legal en un momento concreto y el legislador la convierte posteriormente en delito, no podrá perseguirse (artículo 11.2 de la DUDH).

Antijurídica: Dicho injusto carece de una justificación legal para hacerlo. Normalmente la propia ley Penal recoge una serie de eximentes que, de ser probadas, libran completamente al reo de la condena que en otro caso le hubiese correspondido. En nuestro país, dichas “excusas” son las del Artículo 20.4 CPE y siguientes, que en esencia se resumen en actuar bajo miedo insuperable, estado de necesidad, legítima defensa y obrar en el cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho. De ahí que ningún futbolista vaya a la cárcel por partirle la pierna a un rival en el terreno de juego en un “lance” del mismo, o que en una carga policial los agentes no sean condenados por las lesiones que provoquen, o incluso que ciertos homicidios no terminen en condena si se demuestra que el reo lo hizo defendiendo proporcional y racionalmente su vida o la de otro, tras recibir una agresión ilegítima de alguien a quien no provocó.

Culpable: Podríamos definirla como “conocer y querer” el resultado del injusto cometido, aunque en la práctica esto se resume en el nivel de consciencia del reo cuando actuaba. Así por ejemplo, el 20.1 CPE explica que está eximido de responsabilidad penal “El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”. Con este precepto, si un esquizofrénico en pleno ataque mata a otra persona será absuelto. Otra cosa es que después le sean impuestas las llamadas “medidas de seguridad” que para entendernos significan ser encerrados en “psiquiátricos penitenciarios”, en vez de en cárceles comunes y corrientes.

Roxin

El jurista alemán Claus Roxin es la principal autoridad penalista viva en el mundo y uno de los principales renovadores de la Teoría del Delito

Por lo tanto, de la fusión de estas tres cualidades nace el injusto penal que será castigado en los juzgados. Aunque naturalmente, no parece que sea lo mismo en cuanto a gravedad el darle un simple puñetazo al vecino que violar a su hija. Por ello el Derecho Penal crea categorías para los mencionados injustos, que pueden ser en España.

Faltas: Es la más liviana y común de todas las sanciones. Son pequeños hechos reprochables pero carentes de relevancia, que simplemente sirven como “toque de atención” a los ciudadanos. Tal es así que se suelen resolver con una pequeña multa y ni siquiera generan antecedentes penales, de tal modo que la administración de Justicia no deja constancia de estas condenas en expediente alguno. Es el típico caso de un puñetazo que deja un ojo morado o una amenaza de carácter leve. Por ello en España, éstas solían resolverse en los “Juicios de Faltas”, que en la práctica sólo sirven para colapsar nuestro sistema judicial y llenarlo, para qué nos vamos a engañar, de denuncias falsas, ya que casi todos carecen de instrucción (investigación por parte de un juez), de ahí que vayan a ser suprimidas en breve desterrándose tanto del Código Penal como de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (o eso pretenden). Los anglosajones llaman a esto “Misdemeanors”.

Delitos: Es el nombre más conocido de todos. Se trata de la infracción por excelencia en el Derecho Penal. Una acción de tal gravedad que supone una ofensa para la sociedad y que configura a su autor como un peligro para la misma, por lo que el que lo perpetra debe ser apartado de la misma, normalmente con una pena de cárcel, o en su defecto ser castigado con una más que severa multa. Es el caso de un Robo con Violencia o un Hurto de una cantidad relevante de dinero (superior a 400 euros). Normalmente éstos se dirimen en los llamados “Procedimientos Abreviados” dentro de un Juzgado de lo Penal. En el mundo anglosajón, se les llama “Felonies”. En teoría, en España sólo existen faltas y delitos, aunque de forma tácita también existe la siguiente definición.

Crímenes: No existen en el ordenamiento jurídico español de forma expresa. Hacen alusión a delitos especialmente graves que, por su crudeza, suponen una ofensa de tal calado para la sociedad que no sólo es que se entienda que el reo debe recibir un castigo duro, sino que éste no puede o no debe ser reinsertado sino hasta pasado mucho tiempo en prisión, por no decir jamás. Hablamos por ejemplo de una violación o un asesinato y a ellos les están reservadas las condenas más duras, entre las que se encuentran, y siempre dependiendo del país en el que nos encontremos, la Cadena Perpetua o la Pena de Muerte. En España equivaldrían a los delitos que se juzgan en las Audiencias Provinciales mediante el llamado “Procedimiento Ordinario”. Son los que en el mundo anglosajón se conocen como “Crimes”.

Günther Jakob

Otro alemán, Günther Jakobs, escandalizó al mundo desde la Universidad de Bonn hablando de “Derecho Penal del Enemigo” en referencia a las garantías que un enemigo de la sociedad debía tener al ser juzgado por lo Penal

Curiosamente, el Código Penal Japonés sólo se refiere genéricamente a crímenes, independientemente de si los europeos catalogaríamos a lo dicho en sus preceptos como faltas o delitos. Todo un error de cálculo de los legisladores nipones que perjudica seriamente la investigación de los hechos denunciados y su persecución, a la hora de asignar esfuerzos para ello.

Precisamente por esa razón, la National Police Agency (NPA o Policía Japonesa) establece para realizar su trabajo una serie de categorías especiales que los dividen de forma oficiosa en seis clases:

  • Felonías. No tienen nada que ver con su significado en el mundo anglosajón. De hecho, para ellos son lo que para nosotros los crímenes. Es decir, las acciones más execrables que en el Imperio del Sol Naciente son la Traición al país y el Homicidio.
  • Delitos Violentos. En ellos, de forma expresa o tácita, se utiliza la fuerza y las armas para lograr un objetivo concreto, como pueda ser un atraco.
  • Hurtos. Robos en los que no ha intervenido la violencia sino la mera habilidad del ladrón.
  • Crímenes intelectuales. Se utiliza la astucia para inducir a engaño a la víctima, como pueda ser el fraude.
  • Delitos contra la moralidad: Son aquellos relacionados con la perversión social como las apuestas ilegales, la pornografía que muestra genitales y el exhibicionismo (Recuerda que éstos no son legisladores sino investigadores)
  • Infracciones mixtas. En las que se entiende que están englobadas el resto.

Pero una vez presentado el tema, la otra gran pregunta es ¿quién es o deja de ser un delincuente?

¿Qué me dirías si te digo que esta pregunta tan tonta constituye el debate por excelencia del Derecho Penal en todo el mundo y cuya solución es casi imposible? La aplicación más obvia del Derecho Penal es castigar al delincuente, pero en la práctica el problema es mucho más complejo de lo que podríamos imaginar. Pero, ¿quién puede ser juzgado y por qué se le puede enjuiciar? Por ejemplo en un delito puede haber varios autores y no todos tienen el mismo grado de implicación. ¿Merecen por lo tanto la misma pena? ¿Y si en vez de conseguir su propósito lo han intentado pero no lo han conseguido por alguna razón ajena a ellos? ¿O si  se han rendido? En ese caso se les juzga por “tentativa”, de la que ya hablaremos.

También hay veces en las que inicialmente un sujeto no quería cometer un hecho delictivo en concreto, pero finalmente lo hizo convencido por otra persona, que utilizó sus dotes para la persuasión con él o directamente utilizó la fuerza para que el hecho se consumase. Ese tercero será conocido como “inductor”, que en el caso japonés cargará con la misma pena que el reo que ejecutó la acción criminal (artículo 61 CPJ).

En otras ocasiones hay otra persona que no ha ejecutado el crimen, pero su complicidad era imprescindible para llevarlo a cabo. Por ejemplo, un guardia de seguridad que sabotea desde el interior unos sistemas de vigilancia para que una banda de asaltantes con los que está compinchado puedan acceder a un edificio bajo su responsabilidad y robar en él lo que les plazca sin ser descubiertos. Es lo que se llama el “colaborador necesario” y tendrá la misma pena que el ejecutor (Artículos 60 y 65 CPJ). Por contra si la participación se limita a tareas secundarias, como vigilar por si alguien se acerca, ésta acarreará una pena menor para él (Artículos 62 y 63 CPJ).

Muñoz Conde

El jurista español Francisco Muñoz Conde ha sido uno de los principales autores que han intentado poner algo de luz sobre a quién imputar en un proceso Penal y a quién no, desarrollando la Teoría de la Imputación Objetiva

Incluso hay veces, por ejemplo cuando se trata de menores, en los que éstos no tienen plena capacidad de obrar en términos de Derecho y se considera que la misma debe ser complementada por sus padres (o en su caso tutores). Éstos tienen por defecto la guarda y custodia (tener junto a ellos al menor y cuidar de él) así como la patria potestad (tomar en ciertos asuntos decisiones que afectan al desarrollo de la personalidad del menor, incluso en contra de su voluntad, aunque después este poder se reducirá conforme crezca). Partiendo de que los mencionados padres (los dos) tienen el deber de custodiar a sus hijos, ¿qué pasa si uno de ellos abusa sexualmente de uno de sus hijos? Se supone que el otro debe impedirlo pero ¿y si incluso conociendo el tema no hace nada? Pues resultará que ambos serán condenados puesto que se considera que el que calló es tan culpable como el que lo cometió, y será condenado por la llamada “comisión por omisión” (Artículo 11 CPE), aunque esta última institución no existe en el Código Penal Japonés, salvo en casos concretos como los delitos de abandono (Artículos 217, 218 y 219 del CPJ).

Pero evidentemente en todo ello entra en juego un tercero que es la víctima. En ese sentido cada país utiliza un sistema diferente en relación a ella. En España, el Derecho Penal está pensado precisamente en torno a su figura, por lo que no sólo se castiga al reo, sino que además se intenta resarcir al que perjudicó. De este modo, las sentencias penales implican una pena de cárcel al mismo tiempo que pueden incorporar otras medidas como una orden de alejamiento, destinadas a la protección del ofendido, a la par que imponen una indemnización que servirá para resarcir los daños provocados por el condenado. En otros países esto no es así, y el mencionado resarcimiento sólo se puede obtener mediante un proceso Civil paralelo y posterior al Penal. Si se prefiere, hay que ir dos veces a juicio.

Como puedes ver, lo que inicialmente puede ser tan sencillo como “castigar un hecho”, puede resultar verdaderamente complicado ya que no sólo hay que distinguir cuántos han estado implicados, sino hasta dónde ha llegado cada uno de ellos. Para que te hagas una idea de hasta qué punto es importante todo esto, el Código Penal Japonés le dedica nada menos que 72 artículos de los 264 que lo componen.

Vale, pero ¿quiénes participan en un proceso Penal?

Otra cuestión que parece una perogrullada pero que trae de cabeza a los juristas de cada país. Uno de los principios básicos del Derecho Procesal es la llamada “Pluralidad de Partes”. En realidad, un juicio, sea del tipo que sea, consiste en llevar a un juez o jueces un caso en el que al menos dos interesados en un tema concreto no se ponen de acuerdo. Así que lo que hacen es que llevan su disputa a un juzgado o tribunal y éste determinará quién de los dos tiene la razón legalmente hablando.

El Derecho Penal se basa en lo mismo, aunque inicialmente pueda parecer que no. Existe un sujeto que realiza un acto que en el momento de su comisión se encuentra tipificado en el Código Penal. Pero para que sea castigado, alguien tendrá que iniciar el procedimiento. En el Imperio del Sol naciente se habla de dos fórmulas como son la “denuncia” y la “acusación”, bien ante la Policía o bien ante lo que ellos llaman un “Perseguidor Público”, que para nosotros es un “Fiscal”.

Éste es el método más habitual y lógico y está previsto en el artículo 230 LECrimJ que habilita a la víctima de un injusto a denunciarlo. Pero ésta no siempre puede, al estar impedida por cualquier motivo o haber muerto, por lo que en su defecto pueden hacerlo sus representantes, cónyuge o parientes cercanos (231 LECrimJ) o incluso una persona designada por un Fiscal (234 LECrimJ). Por lo tanto en un juicio de estas características existirán al menos dos partes como son el acusador y el acusado, aunque el gran problema es identificar a las mismas.

Javier Zaragoza 11 M

Javier Zaragoza, Actual Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, durante el juicio por los atentados del 11-M

El acusado, reo, procesado o como se quiera llamar, constituiría la “Defensa”. Es decir, aquél que destruye la acusación que se hace contra ella negando unos hechos, amparándose en un derecho para justificarlos o reconociendo un delito de una gravedad mucho menor. Sin embargo, el auténtico problema se centra en quién es el acusador, o dicho de otra forma. ¿Quién o quienes son los que configuran a la “Acusación”?

En Japón el problema se resuelve de un modo tan tajante como lacónico. Es el Fiscal (LECrimJ 247) y sólo él tiene derecho a dirigir la mencionada acusación contra alguien (LECrimJ). Se trata en realidad de un representante de lo que nosotros conocemos como “Ministerio Público” que NO ES EL ESTADO, como se suele creer, aunque dependa del mismo. Es más bien una alegoría de los intereses y la sensibilidad general de la sociedad que tiene como principal labor la de promover la acción de la Justicia, (algo que le lleva a poder querellarse él mismo a título personal contra algo o alguien, aunque no entraremos en esas vicisitudes). Es teóricamente “el bueno de la película”, aunque la realidad dista mucho de esa visión.

Por contra, en España se entiende que no sólo el mencionado Fiscal sino también la supuesta víctima del procesado debe tener voz en esa dirección, por lo que se le debe dejar intervenir en el proceso, señalar a los posibles culpables que considere oportunos e incluso pedir una pena para ellos (Artículo 109 LECrimE) con una primera consecuencia rápidamente deducible. Por ejemplo en un caso como el de la reciente tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela, en la que hasta la fecha han muerto 79 personas, si finalmente termina habiendo un juicio Penal, no sólo el Ministerio Público actuará como acusación, sino que podrá haber al menos otras 79 acusaciones particulares, a las que se sumarán las de los heridos que se personen. Por lo que sólo con los escritos que redacten cada una de ellas, un sumario que en circunstancias normales alcanzaría las 300 páginas como mucho, llega a las miles.

Phoenix Vs Miles Edgeworth

El videojuego Phoenix Wright, a través de los habituales duelos entre éste y el fiscal Miles Edgeworth retrata a la perfección la biposicionalidad que impera en el Derecho Penal Japonés

A ello se le suma otra ocurrencia como es la llamada “Acusación Popular” (101 y 270 LECrimE). Ésta consiste en que si alguna persona física o jurídica acredita un interés legítimo en la causa, aunque no haya sido perjudicada, puede intervenir en ella mediante esta fórmula. Luego Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Colectivos de todo tipo y condición y frikis varios terminan por sumarse a todo lo anterior, conformando un galimatías de muy difícil resolución, extremadamente caro de llevar y que contamina esta clase de procesos hasta volverse completamente absurdos e inasumibles.

Nótese de esto que, como veremos más adelante, el Derecho Penal Japonés es en esencia más sencillo que el español aunque pueda ser más duro en algunos aspectos. Asimismo, los nipones denotan con estas leyes una confianza mucho mayor de la que tenemos nosotros en sus funcionarios, y dicha postura es completamente lógica debido a una razón. En España los fiscales no pueden ser recusados (96 LECrimE) y para colmo dependen de la Fiscalía General del Estado cuyo responsable (el Fiscal General del Estado) es elegido a capricho del Gobierno de turno, lo que implica que en la práctica las acusaciones del Ministerio Público, dependerán de los intereses políticos del Poder Ejecutivo.

Olvidándonos del caos patrio y volviendo a temas generales, hemos aclarado que existen dos partes pero ¿son todos los juicios iguales? Evidentemente no, y dependerá de la gravedad de los hechos que se pongan sobre la mesa. Naturalmente, hay procesos como aquéllos en los que existen homicidios en los que el procesado se está jugando la Cadena Perpetua o ser Ejecutado, por lo que se exigen garantías absolutas en cuanto a la obtención de pruebas y a la investigación. Pero ¿y alguien que haya sido sorprendido fumando opio (139.1 CPJ)? ¿Para un simple informe policial y una declaración es necesario esperar meses a que se celebre un juicio? La respuesta es, no. Cuando los hechos son evidentes y el asunto no es demasiado grave ni complejo, si el fiscal de turno y el acusado están de acuerdo, se celebrará un juicio rápido (Capítulo IV de la LECrimJ) menos formal y que permitirá resolver el asunto con una mayor celeridad. Pero podemos ir más allá. ¿Pueden ponerse de acuerdo Acusación y Defensa? Sí. En este caso pactan una pena (o una absolución), el juez certifica el pacto hecho entre ambos y el asunto quedará zanjado. Tanto que ni siquiera se puede recurrir. Claro que la siguiente pregunta en ese aspecto es obvia…

¿Recurrir una condena? ¿Qué es eso y hasta dónde podemos llegar?

El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. En esa dirección, el artículo 13 de la Constitución Japonesa reconoce el derecho de los nipones a la libertad y a la vida, mientras que el 29 hace lo propio con la propiedad.

Tal y como veremos en el siguiente apartado, las penas en el Imperio del Sol Naciente pueden afectar a esos tres derechos constitucionales del reo, por lo que para respetar los Derechos Humanos es lógico que al existir una sentencia que les prive de ellos, puedan protestar a una instancia superior que revise los posibles abusos e irregularidades que se hayan cometido contra el procesado y que, de probarse, corrijan o directamente revoquen la sentencia.

Ésa es la razón por la cual se reconoce el derecho del reo a ser asistido (ayudado) (Artículo 30 LECrimJ) y que este ayudante deberá ser un abogado (Artículo 31 LECrimJ). Pensemos que normalmente las leyes en general y las penales en particular son desconocidas para la gente común y corriente. Por ello, en todos los pleitos en los que entren en juego penas de privación de libertad o de vida, la presencia de uno de ellos en la defensa será imprescindible.

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Eleanor Roosevelt sostiene una edición en español con la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Hemos de pensar que las reglas son muy estrictas y abarcan desde informar al procesado de la acusación hasta custodiar las pruebas debidamente (algo que en España, vergonzosamente, jamás se hace si no hay un letrado que vigile). Incluso hay que vigilar si un juzgado tiene competencia o no para conocer de un asunto (Artículo 329 LECrimJ), y para ello es necesario, en razón del territorio, que el acusado lo pida (Artículo 331 LECrimJ). Para entendernos, ¿te imaginas lo disparatado que sería que un día por las buenas alguien te denuncie por una falta que supuestamente has cometido en Barcelona y que, en vez de juzgarte allí, lo hiciesen en Cuenca y que se quedasen tan anchos haciéndolo aprovechándose de que no es necesario abogado para los Juicios de Faltas y tú no lo tienes? No es tan descabellado como pueda parecer.

Para evitar todo esto, las sentencias penales en Japón tienen lo que se llama una “Corte de Apelación” que será la encargada de supervisar (tras la interposición del “Recurso de Apelación”) si se han respetado o no las reglas del juego y, muy especialmente, si la sentencia es (como decimos nosotros) “acorde a Derecho”, aunque será limitado el número de cuestiones que se le pueden plantear, y éstas son: infracción de una ley (¿cuál y qué preceptos?), no haber valorado correctamente una prueba (¿qué dice la jurisprudencia al respecto?) e inconveniencia de la pena impuesta (es excesiva en relación a casos similares, el reo no puede pagar una multa tan alta por sus circunstancias personales o cualquier otro dato que pueda ser relevante para su correcta medida).

Pero por supuesto, hay casos como aquéllos en los que está en juego una vida, ya sea por su ejecución o por su confinamiento perpetuo en un centro penitenciario. Parece lógico reforzar al máximo las garantías y, por ello, se establece un recurso ulterior, el de “Casación”, destinado a que el Supremo tome cartas en el asunto, aunque su revisión será ya mucho más limitada y se centrará en tres aspectos como son: vulneración de un precepto constitucional, interpretación errónea del mismo o contradicción de la sentencia con la doctrina de ese Tribunal. Condiciones todas ellas, como te podrás imaginar, que intentan evitar el colapso de esta instancia.

¿Y qué clase de penas existen en Japón?

Barajados ya los conceptos básicos de este Derecho en general, el Código Penal Japonés establece en sus artículos 9 y siguientes los tipos de condenas que son aplicables en el Ordenamiento Jurídico Nipón y que en esencia son éstas:

Multa: Es la más leve de las sanciones penales que existen en todos los ordenamientos jurídicos a nivel internacional y que tiene un carácter “pecuniario”. Las más conocidas por todos son las administrativas, pero su naturaleza es completamente distinta a éstas, y para explicarlo recurriré al caso español. Por ejemplo, cuando la Guardia Civil o los Mossos localizan a un conductor saltándose un Stop, la denuncia que ellos formulan no va a un juzgado sino a la Dirección General de Tráfico o al Servei Català de Trànsit respectivamente, que se encargará de tramitarla y de imponer una sanción, que en este caso serían 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso para conducir. Ciertamente, esta clase de multas no tienen demasiadas garantías, pero en España su impago no implica nada aparte de un recargo y del “apremio” (para entendernos, embargo y posterior subasta pública de bienes).

Las Penales, por contra, están impuestas siempre por un juez y, dependiendo de los países, se utiliza un sistema u otro. Japón en ese sentido distingue entre dos tipos. Las que podríamos considerar (adaptándolas a nuestro país) multas menores, que suponen una sanción de entre 1.000 y 10.000 Yen, y las multas convencionales cuyo límite mínimo es de 10.000 Yen. Esto quiere decir que en el Código Penal Japonés, el mencionado juez tiene un margen de discreccionalidad muy elevado (de ahí lo que te comenté en el apartado anterior sobre inadecuación de la condena en el Recurso de Apelación). La mayor parte de los delitos castigados con este tipo de sanción, contienen una cifra concreta que sirve de límite máximo, el cual, dicho sea de paso, no es demasiado alto. Por ejemplo, dar refugio a un criminal perseguido por la Justicia o colaborar en su huida (103 CPJ) se castiga con una multa que como mucho puede alcanzar los 200.000 Yen. Así, sabemos que el reo se enfrentará a una sanción que irá desde 10.000 (el límite mínimo de las multas convencionales) a 200.000 Yen (el límite máximo impuesto por el artículo que tipifica el delito) pero la cifra exacta que tendrá que pagar dependerá de la voluntad “del de la puñeta” que normalmente valorará la gravedad de la conducta, las circunstancias económicas del condenado, casos similares, etc.

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Las multas administrativas se diferencian de las penales en que son impuestas por un órgano administrativo y no por un juez aunque éste también actúe tras un parte policial de cualquier tipo

Es aquí donde me gustaría llamar tu atención. Destrucción de pruebas (104 CPJ) 200.000 Yen, lo que más o menos sería para nosotros “participar en riña tumultuaria” (106.3 CPJ) 100.000 Yen, causar un escape de gas con intención de dañar a otros (118.1 CPJ) 100.000 Yen, provocar intencionadamente una obstrucción del tráfico con resultado de muerte o heridas graves (124.1) 200.000 Yen, etc

Salvo delitos muy concretos como pueda ser la venta ilegal de loterías (187.1 y 187.2 CPJ) con 1.500.000 y 1.000.000 Yen respectivamente, o ciertos tipos de sobornos (198 CPJ) con 2.500.000 Yen, la inmensa mayoría de estas multas tiene una sanción económica relativamente asequible. Pensemos que 200.000 yen equivalen a unos 1.500 euros y que los salarios japoneses son mucho más elevados que los españoles (se calcula que en 2012 entraban de media 520.000 yen al mes en cada hogar nipón). En otras palabras, normalmente pagar una de estas sanciones no conlleva un gran esfuerzo.

La razón para ello es que en la inmensa mayoría de los casos, la multa es un castigo alternativo a la pena de cárcel y que se supone que se va a aplicar para casos poco graves. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el artículo 160 del CPJ que castiga el fraude en los certificados médicos. Dicho precepto prevé penas de hasta tres años de cárcel o multa de 300.000 Yen, aunque ello no es en absoluto casual, y es que su texto incluye conductas tan dispares en su gravedad como la simple invención de un parte médico convencional hasta nada menos que la falsificación de una autopsia o un certificado de muerte, con todo lo que ello conlleva.

 Morirse ImpuestosViñeta explicativa del  curioso carácter de los impuestos que en realidad suponen toda una excepción en el campo del Derecho dado que la muerte del reo supone el fin de su Responsabilidad Penal pero no le exime de las cuotas tributarias debidas e incluso pagándolas sus descendientes pueden haber otros impuestos ocultos

Parece claro que alguien que se saca de la manga un informe facultativo que habla de que padece una “cervicalgia” para no ir a trabajar está cometiendo un acto reprochable, pero evidentemente éste es mucho más liviano que hacer lo propio con una autopsia, donde puede encontrarse la clave para aclarar, por ejemplo, si una persona falleció de forma natural o por el contrario fue víctima de una muerte violenta (homicidio) y si además hubo más hechos punibles (violación). En otras palabras, en el primer caso es lógico que el juez imponga una simple multa, mientras que en el segundo optará claramente por la prisión.

Para que te hagas una idea de la diferencia que esto implica con España, aquí utilizamos el llamado sistema de “días multa”. Es decir, el juez en vez de hablar de “X” meses de cárcel, habla de “X” meses o días de multa a razón de una determinada cantidad de dinero por cada día que pase. Un hecho que sobre el papel queda muy bien, pero que en la práctica da pie a toda clase de abusos. En teoría, las penas de multa en España (50.3 CPE) van para las personas físicas desde 10 días hasta 2 años (730 días) y la cuantía de cada día (50.4 CPE) varía desde los 2 hasta los 400 euros por cada día. Eso quiere decir que la sanción mínima que se puede pagar penalmente en España son 20 euros, mientras que la máxima son 292.000 euros. Este auténtico abismo que se debe a que en nuestro país se busca la proporcionalidad en el castigo “pecuniario” para que éste sea lo más duro que se pueda en atención a la riqueza que posea el reo, por lo que se pagará una cuantía u otra por días multa en función de unos baremos establecidos en base a lo que el individuo condenado gane al mes. ¿Qué ocurre en la práctica? Que el juez termina haciendo lo que le da la gana.

¿Y qué ocurre si no se paga? Aquí es donde entra la gran diferencia con las sanciones administrativas. Éstas, en el caso de no ser pagadas, dan lugar a recargos, a embargos y a apremios, pero por regla general, no suelen acarrear penas privativas de libertad en ningún lugar del mundo. Pero aquí vamos a ver una diferencia muy sustancial con Japón. En España, (53.1 CPE) “Si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, que, tratándose de faltas, podrá cumplirse mediante localización permanente”.

AdminMultas

La responsabilidad Penal también puede consistir en el pago de una multa y en el caso de que ésta no se pague, el condenado entonces podrá ingresar en prisión. En países como España su importe se calcula en función del sueldo que posea el reo

En base a lo anterior, si alguien condenado a una pena de 30 días de multa, a 10 euros el día (en torno a 1.500 euros al mes de salario bruto), que suman 300 euros pero paga sólo 160, los otros 140 se dividirán entre la cuantía fijada por jornada (10) y el resultado entre 2. Así este sujeto tendría en teoría que pasar siete días en prisión, aunque en la práctica lo puede sustituir por localización permanente (arresto domiciliario o llevar una pulsera de seguridad), o trabajos en beneficio de la comunidad. De los que hablaremos más adelante.

En Japón la solución a todo esto es mucho más sencilla porque el juez tiene un protagonismo mucho mayor. El que no pague una multa menor permanecerá en un centro especial de detención, mientras el que haga lo propio con una convencional, podrá perder su libertad durante un tiempo que oscilará entre un día y los dos años (Artículo 18.1 y 18.2 CPJ) sin más. Sólo se admite una excepción que es la de pagar parte de la sanción para el cual se sigue la siguiente regla.

Si un reo ha sido condenado a pagar 300.000 Yen e incumple con su condena, el juez ordenará su ingreso en uno de estos centros durante un tiempo. Pongamos que son 100 días. 300.000 Yen/100 días = 3.000 Yen por cada día de estancia. Si el reo paga 100.000 Yen evidentemente quedarían 200.000 por abonar. Esa cifra la dividimos entre la cantidad de Yen al día que hemos obtenido: 200.000 / 3.000 = 66,66 días. Es decir, que el condenado al hacer ese pago parcial pasaría 67 días (los decimales cuentan como un día más) y se libraría de 33 jornadas de privación de libertad.

Cabe matizar, por último, que no es lo mismo una multa que una indemnización, aunque muchos periodistas las confunden. En ambos casos el condenado debe desembolsar una determinada cantidad de dinero. Sin embargo, en la segunda ésta va a parar íntegramente al bolsillo de la víctima; es Responsabilidad Civil. La multa, por el contrario, siempre va a parar a las arcas públicas en concepto de Responsabilidad Penal.

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Detalle del cartel promocional de la película “Todos a la cárcel” de Luis García Berlanga

Cárcel: Es el más conocido y popular de los sistemas penales para castigar los delitos, aunque no por ello es el más rentable. Su sistema es tan simple como privar de libertad al reo en un centro especialmente capacitado para ello, aunque no todas las prisiones albergan al mismo tipo de condenados ni desde luego el régimen de éstos es similar. El Código Penal Japonés distingue entre dos modalidades. Por un lado estaría la que conocemos en Europa y que es habitual en Estados Unidos, como es la simple reclusión del reo, aunque luego y para hacer algo más llevadera su estancia, se les asignan trabajos en el interior del centro. Por otro estaría la prisión con “trabajos forzados”, que lógicamente son bastante más penosos e ingratos que los asignados a un preso convencional pero que tienen una repercusión positiva en la Economía estatal.

Al margen de esto, la otra división que se puede hacer de este sistema es el de las estancias temporales o permanentes en los centros penitenciarios. En este último caso, hablamos de la famosa “Cadena Perpetua”. En el primero de ellos, las más comunes, el juez impondrá un periodo de estancia en la prisión y ésta deberá ceñirse a unas reglas, de las cuales sólo señalaré la que la más conocida por el gran público, de oídas, es la suspensión. En España cuando alguien es condenado con hasta dos años de cárcel, pero carece de antecedentes penales “no acaba entre rejas”. No es así. Lo que ocurre es que se acuerda la llamada “suspensión de la ejecución de la pena” (Artículos 80 y 81 CPE) y siempre con el visto bueno de un juez. Aquí se entiende que el condenado ha cometido un delito, si bien éste, al ser leve, puede “perdonarse” a cambio de que no cometa un delito en una determinada cantidad de tiempo y de que cada cierto tiempo se persone en un juzgado. Además no es algo automático dado que, insisto es el juez/magistrado y no la ley el que lo decide.

Dicha institución está regulada en el artículo 25 del Código Penal Japonés, que pone como primera condición la de haber sido condenado con hasta tres años de cárcel o decretarse la privación de libertad motivada por una multa de hasta 500.000 Yen. De esto podemos extraer dos conclusiones realmente importantes. La primera es que el margen para aplicar esta institución es mayor en Japón que en España (donde sólo se aplica a condenas de tres años en casos excepcionales). La segunda, que los legisladores japoneses son mucho más coherentes que los españoles.

CorredorDeUnaPrisiónJaponesa

Corredor del módulo convencional de una prisión japonesa, en la que los presos no tienen vistas al exterior

En relación a esto último, en España se da una situación tan disparatada como la de que una simple falta castigada con una multa de 20 días que no se haya pagado puede poner al sujeto entre rejas durante diez días, dado que se entiende que es una responsabilidad penal “subsidiaria” (Artículo 53.1 CPE), mientras que alguien condenado a dos años de cárcel por un delito doloso, puede estar tan campante por la calle sin saber qué es un centro penitenciario.

Independientemente del requisito mencionado párrafos atrás, en el Imperio del Sol Naciente se aclara que para suspender la ejecución es necesario que sea el primer delito del reo, o que en el caso de que no lo sea, hayan pasado cinco años desde que se ejecutó la sentencia que contenía el castigo del último. Puesto que debes saber que una cosa es que haya sentencia y otra muy diferente, que ésta se haya ejecutado (que el juzgado la haga cumplir) como ya explicaremos.

El Código Penal Japonés añade también otros supuestos, pero son más liosos y excepcionales, por lo que ennumuerarlos podría hacer que te perdieses. Lo que sí te debe quedar claro es que para los japoneses es muchísimo más grave el ser condenado a prisión con trabajos forzados que a una estancia sin más en un centro penitenciario, a pesar de lo cual, gracias a esto su sistema de cárceles es sostenible, mientras que el español es una auténtica ruina.

La Constitución Española, en su artículo 25,2 establece que: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Esto quiere decir que en nuestro país, tal castigo es simplemente imposible, puesto que además la Norma Suprema de nuestro ordenamiento jurídico nos ordena que la condena del reo ha de buscar resocializarlo. Esto se traduce en que las cárceles son verdaderos agujeros negros de dinero público. No obstante, sí que existe algo parecido en España como son los “trabajos en beneficio de la comunidad” previstos en el 53.1.2 CPE, pero que se ofrecen como alternativa para penas leves de prisión y siempre que el condenado muestre su conformidad: “También podrá el juez o tribunal, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo”.

Cámara de Ejecución en Japón

Representación de una cámara de ejecución japonesa para aplicar la Pena de Muerte

Pena de Muerte: Llegamos al punto estrella de este apartado, ya que Japón es uno de los pocos países que todavía prevén la pena capital en su Código Penal. Anteriormente a la Segunda Guerra Mundial, ésta era muy común en todo el mundo y solía castigar en esencia dos tipos de delitos: los relacionados con la sangre (asesinatos u homicidios) y los que tenían que ver con la traición al país. Pero además esta condena tenía otras connotaciones que iban mucho más allá de lo humano o material.

El condenado a muerte podía conservar su honra o perderla para él y para los suyos (lo que se llamaba carácter infamante). Un buen ejemplo de ello lo teníamos en España con nuestro famoso “Garrote” que fue la forma de ejecución que impuso Fernando VII para sustituir a la horca, y para la cual existían tres variaciones: Garrote Noble, en el que el prisionero era conducido a la máquina que los mataría en caballo ensillado y que estaba reservado a nobles, que mantendrían su honor al fallecer. Garrote Ordinario era el utilizado con el pueblo llano y el condenado era conducido a la máquina con una mula o un caballo sin ensillar, conservando también su honra al morir. Garrote Vil era la destinada, y sin distinción de clase, a los que perpetrasen los crímenes más execrables, por lo que se les trasladaba en un burro mirando a su grupa, se les introducía en una jaula de madera o incluso se les arrastraba en un canasto hasta el cadalso. Todo aquél que fuese ejecutado de esta manera, perdería para siempre su honra y por extensión la de todos los suyos. De ahí, por ejemplo, que si has visto la película “Pa Negre”, Andreu renegase de su familia y terminase por adoptar el apellido “Manuben”. Su padre, Farriol, al ser muerto por garrote vil, había estigmatizado socialmente tanto su nombre como el de toda su familia.

Todo cambió a raíz de 1945, cuando los crímenes contra la Humanidad de la Alemania Nazi y de Japón en primer lugar, y posteriormente de la URRS y China, llevaron a promulgar la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” que incorporaba dos artículos claramente opuestos a esta práctica. Uno de ellos era Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y el otro el Artículo 5 “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Fue a partir de ese momento cuando la Pena de Muerte empezó a ser abolida encontrándose por ejemplo desterrada de la Unión Europea (donde incluso tenemos un “Convenio Europeo de Derechos Humanos”, aunque su marco de aplicación no es exactamente el mismo), aunque otros países, especialmente los asiáticos, decidieron mantenerla.

EjecucionesConGarroteEnPuertoDeSantaMaría

Ejemplo de ejecuciones sumarias con pena de Garrote Vil desarrolladas en el Penal del Puerto de Santa María (Cádiz)

En realidad existen muy pocos casos por los que un hombre puede ser condenado a la Pena Capital en Japón: Por Insurrección (77 CPJ), por promover una agresión militar extranjera (81 CPJ), por complicidad con el enemigo (82 CPJ), por incendiar o inundar una infraestructura teóricamente abandonada con resultado de muerte para uno de sus pobladores (108 y 119 CPJ), por sabotaje a las líneas ferroviarias con resultado de muerte (126 CPJ), por envenenamiento de suministros de agua con resultado de muerte (146 CPJ), robo con violencia con resultado de muerte o con violación que acabe del mismo modo (240 CPJ) y, por supuesto, por Homicidio (199 CPJ).

Nueve son por lo tanto los preceptos que la prevén, pero en realidad todo se resume en “Traición a Japón” y en diferentes modalidades de Homicidio, ya sea con una imprudencia de proporciones especiales, o en aquéllos en los que concurren ciertas circunstancias que, en nuestro país, nos llevarían a hablar de asesinato. Además no hay mucha discusión sobre el modo de ejecutarlos ya que el 11.1 CPJ establece que sea la horca en una cámara de ejecución. Un método tradicionalmente aplicado a los seres más viles.

Pero intentemos traducir el artículo 199 del delito estrella del Código Penal Japonés. Sería algo así como “Una persona que matase a otra, será castigada con la Pena de Muerte o con Cadena Perpetua con trabajos forzados de por vida o durante al menos 5 años”. Salvo el 77 CPJ, la Pena de Muerte no se prevé como único castigo a un delito, sino que suele estar acompañado de otro algo más benévolo en forma de pena de cárcel.

Norio Nagayama

El caso de Norio Nagayama marcó la jurisprudencia a aplicar para señalar cuándo un reo debe ser ejecutado, aunque el proceso conmocionó a la opinión pública japonesa por haber cometido sus crímenes siendo un menor de edad en clara situación de pobreza

En otros casos, un juez dispone de un margen muy amplio de maniobra, pero tratándose de la vida de un preso las garantías han de ser máximas. Por eso la Corte Suprema Japonesa, al condenar a muerte a Norio Nagayama, un hombre que mató a mano armada a cuatro personas cuando tenía 19 años (menor de edad en Japón) y perteneciente a un entorno marginal, estableció los nueve criterios que debe tener en cuenta un Tribunal a la hora de dictar esta sentencia:

  1. Grado de degeneración en el crimen.
  2. El móvil del mismo
  3. Procedimiento para ejecutar el crimen y, si éste es de sangre, la manera que tuvo la víctima de morir.
  4. Resultado y consecuencias del crimen, es especial el número de víctimas.
  5. La opinión de las familias de las víctimas.
  6. Impacto del Crimen en la sociedad japonesa.
  7. La edad del reo, en relación a si es o no menor (antes de cumplir los 20).
  8. El historial criminal del reo.
  9. El grado de remordimiento mostrado por el procesado.

Naturalmente, el proceso en el que se dirimen este tipo de cuestiones suele ser especialmente garantista y posee toda clase de precauciones. Por ejemplo, en ellos no se garantiza ninguna forma de fianza para que el reo pueda salir en libertad con cargos (Artículo 89.1 LECrimJ) ni puede tramitarse mediante un juicio rápido incluso aunque lo pidan las partes (LECrim 350-2) o exista una confesión por parte del procesado (291-2 LECrimJ). A todo esto se le añade que un condenado a muerte debe permanecer en prisión hasta su ejecución (11.2 CPJ).

AutodeFeGoya

No siempre las condenas infamantes acababan necesariamente en muerte; aquí el “Auto de fe de la Inquisición” de Goya en el que tres reos lucen el llamado “San Benito” para sufrir público escarnio

En España, la Pena de Muerte se abolió en 1978 con la promulgación de la actual Constitución, que establece en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. Por su parte, el Código Penal Militar Español terminó por modificarse y tampoco prevé en la actualidad las ejecuciones (fusilamientos), ni siquiera en tiempos de Guerra, aunque esto tuvo una muy desagradable consecuencia.

El Código Penal se acababa de reformar íntegramente en 1973 (entró en vigor en 1974) y los delitos de sangre se castigaban con la Pena Capital. Pero cuando ésta desapareció motivada por la Carta Magna, los legisladores de la época no reaccionaron a tiempo y establecieron penas muy leves de prisión para esta clase de crímenes, a los que encima se les aplicaban las mismas normas en cuanto a beneficios penitenciarios que a los delitos de poca gravedad.

Por añadidura, esto coincidió con el periodo más sangriento en España de organizaciones terroristas como ETA o GRAPO cuyos asesinos, tras ser apresados, se enfrentaban a estancias bastante benévolas en Prisión. Por ejemplo, Iñaki de Juana Chaos, tras 25 asesinatos en varios atentados y condenas por ellos que sumaban más de 3.000 años de prisión, apenas cumplió 18. Lo cual sembró en la opinión pública la creencia popular de que el Derecho Penal en nuestro país era muy benévolo. No obstante, el asunto en la actualidad está bastante solucionado.

Pero, antes hemos hablado de que no se puede incoar un juicio rápido por Pena de Muerte tras la confesión del reo. ¿Por qué? ¿Es que puede defenderse alguien del que se sabe que ha cometido un delito e incluso salir indemne?

Retrotrayéndonos al comienzo del artículo, hemos de recordar que una de las características de un delito es que constituye, por definición, una conducta tipificada, a la que se le añaden dos características esenciales. Una de las cuales era el ser antijurídica. Es decir, que no está justificada por el ordenamiento jurídico de un país. Por ello, el abogado de la defensa, cuando no puede probar la inocencia de su cliente, se vuelca en intentar excusarlo mediante ciertos preceptos legales, conocidos como “eximentes”. Actualmente existen teóricamente siete, aunque ya veremos que el asunto es más complejo de lo que pudiese parecer en un primer momento.

Actos Legítimos: Es la primera de las eximentes reconocidas en el Código Penal Japonés (Artículo 35 CPJ). Los posibles delitos surgidos aquí son un producto de actos amparados por la ley y que persigan intereses legítimos. Vendría a ser nuestro 20.7 CPE “El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo” y se entiende muy bien con el fútbol. A priori en un partido ocurren toda clase de cosas que podrían acabar en un juzgado de instrucción. Sin ir más lejos, un defensa a veces se sobrepasa en una entrada y lesiona a un delantero rival, aunque estaba clara su intención de jugar la pelota. Por ello, aunque en otros casos se le hubiese imputado un delito de lesiones imprudentes, el hecho de estar jugando un partido de fútbol, el tener como intención impedir un gol y el ser un lance del juego, hace que el árbitro le saque la roja, que el comité de competición le impida jugar varios partidos, pero no podrá castigársele penalmente porque obraba legítimamente como defensa de su equipo.

Legítima defensa. Es la más conocida, así como la más polémica a la hora de demostrar en un juicio. Se encuentra en el Artículo 36 CPJ y se define como un acto inevitable para proteger intereses propios o ajenos de un ataque ilícito ajeno. El caso más común es el de una agresión física de la que alguien se defiende. Si ésta es proporcional y aceptable, el reo quedará impune. Aunque la gran pregunta es “qué es la proporcionalidad”.

El asunto de Lluís Corominas (conocido popularmente como “El Yerno de los Tous“) en el que el imputado acabó (a tiros) con la vida de uno de los dos hombres que supuestamente asaltaron el domicilio de la conocida familia de joyeros, fue uno de los casos límite de la eximente de legítima defensa en el Derecho Español. El jurado popular que enjuició el asunto decidió concedérsela

En la práctica, la excusa del quién empezó la pelea suele utilizarse como pretexto para perpetrar una agresión horrible. Por ello los jueces suelen analizar las circunstancias que rodean al caso y la actitud del procesado en el hecho que se le imputa. No es lo mismo que te vayan a pegar un puñetazo acompañado de varias personas, pares el golpe, lo devuelvas y salgas corriendo, que devolverlo y empezar a pegarle patadas en el pecho rompiéndole varias costillas. Pese a todo, en Japón, este exceso, de acuerdo a los hechos que lo rodean, puede servir de atenuante (reducir la pena).

Estado de Necesidad. Es la otra gran eximente, y otra de las más conocidas universalmente. Pongamos que vivimos en un piso compartido de estudiantes. Un día, nos encontramos solos con otra compañera que se siente mal y ésta nos dice que se va a tomar un baño mientras nosotros vemos la tele. En esto que pasan los minutos y nos damos cuenta de que ella no sale. La llamamos y no responde. No ha podido abandonar la vivienda y no tiene el móvil disponible. Tras cerciorarnos de que está dentro pero que algo ha pasado decidimos echar la puerta abajo y, tras golpearla con fuerza, conseguimos entrar. Acaba de sufrir un corte de digestión. Por lo que inmediatamente llamamos a emergencias para que la trasladen a un hospital.

Ella ha salvado la vida gracias a nosotros. Sin embargo, para ello hemos tenido que destrozar la puerta de un piso que no es nuestro y el daño que provocamos es superior a 400 euros, lo que convertiría nuestra acción en un “Delito de Daños”. Pero al mismo tiempo era la única manera de comprobar si nuestra compañera se encontraba bien o mal, y de ese modo le hemos salvado la vida. No hemos generado por lo tanto un mal mayor que el que queríamos evitar, ninguno de nosotros ha provocado esa situación intencionadamente y, desde luego, nuestra compañera no tiene ninguna obligación de sacrificarse por profesión alguna que desempeñe en esta situación. Por lo tanto estaríamos exentos de responsabilidad penal.

RiegoAhorcado

Rafael de Riego, tras la entrada en España de los “Cien mil hijos de San Luis” que acaban con el Trienio Liberal, y ser acusado de traición a Fernando VII fue condenado a morir mediante horca infamante mientras se le arrastraba en un serón de mimbre a la Plaza de la Cebada a pesar de que intentó hacer cumplir la Constitución de 1812

Esta circunstancia se encuentra recogida en el artículo 37 del CPJ que a su vez matiza que la acción debe ser motivada por un “peligro presente” que amenace la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de uno mismo o de otra persona. Si bien advierte de que si el daño producido es “excesivo” sólo atenuará la pena impuesta por el juez. En este último caso, sólo el perdón del ofendido librará de la pena al procesado.

Alteración del estado mental: Se trata de la tercera y más común eximente, hasta el punto de que es la primera en el Derecho Penal Español (Artículo 20.1 CPE). Tal y como dijimos al principio, un delito está definido por la “típicidad”, es decir, que se refiere a un comportamiento que sanciona un Código Penal o, en su defecto, una Ley Penal Aplicable. Del mismo modo es “antijurídica”, lo que significa que no podemos explicar nuestra acción mediante cualquiera de los tres conceptos anteriores. Pero si ya concurren las dos circunstancias anteriores, sólo queda por dictaminar la “culpabilidad”.

Esta rama del Derecho entiende por tal concepto el de “entender y querer”. Un eufemismo para dar a entender el grado de locura que puede tener el reo. Es el artículo 39 del CPJ y exige para su aplicación un dictamen médico y, en función del diagnóstico, se optará por una de dos posibles soluciones. La primera es la de una enfermedad mental como pueda ser la esquizofrenia, que ha hecho que el procesado cometa el delito. Por lo tanto, al no ser dueño de sus actos, no puede condenársele penalmente… al uso. La práctica es que es internado en un psiquiátrico penitenciario, aunque en un régimen más abierto y benévolo que el de un preso.

Seiji Katagiri

En 1982, un capitán de la “Japan Airlines” de 35 años llamado Seiji Katagiri estrella intencionadamente un avión de la compañía en un arrebato de locura, con el que murieron 24 personas, pero a pesar de sobrevivir y de ser inmediatamente arrestado, no fue condenado debido a su demencia

El problema surge cuando la enajenación no es completa. Por ejemplo si el reo ha consumido sustancias psicotrópicas y ha cometido un delito bajo su influencia, habrá que analizar hasta dónde llegó su grado de control sobre sí mismo, o si el reo estaba en tratamiento, si éste falló o tuvo un agravamiento, etc. En estos casos es posible que el acusado tuviese un grado de conocimiento y de conciencia mínimo, pero suficiente como para tener un cierto grado de conciencia. Dentro de este contexto, el sujeto sí que será criminalmente responsable, aunque se atenuará su responsabilidad.

Un apunte. En el marco de esta clase de procesos, la psicopatía es una patología muy alegada, pero al mismo tiempo se considera un caso excepcional puesto que en realidad afecta a la emotividad de un reo, a su sentido de la culpa y a su sentido del bien o del mal. Por ello no se reconoce ni como eximente ni como atenuante. De hecho, es el clásico arquetipo de sujeto clarísimamente encaminado al mal.

Error: La última de ellas sería lo que en España conocemos con ese nombre (Artículo 38 CPJ). Pongamos que nosotros estamos haciendo algo, pero no sabemos que perpetramos un delito con nuestra conducta, por ejemplo al actuar engañados. Ello implica que debemos probar lo que llamamos el “error insalvable”. Simplemente, el reo no tenía manera de saber que cometía un hecho ilícito. Pero por supuesto, si esto no se aprecia en su totalidad y se reconoce “error salvable”, estaremos ante una atenuante. No obstante, esta “eximente” tiene una regla especial. Si el error consiste en que tenía plena conciencia de cometer un delito menos grave que el que en realidad perpetró, se castigará el acto cometido con la pena prevista para el que intentó pero no consumó.

¿Y qué es eso de los atenuantes? ¿No eran siete las eximentes? ¿Y los agravantes?

Éste es uno de los grandes fallos del Código Penal Japonés. En realidad mete en un mismo saco las eximentes, que libran completamente de responsabilidad Penal, con las atenuantes, que simplemente aligerarán el castigo impuesto. No obstante, todo esto lo hará de un modo particularmente desafortunado y mezclando conceptos simplemente inmiscibles. Lo que da pie a no pocos equívocos a la hora de interpretarlos.

Los atenuantes, en el caso de reconocerse, sirven para reducir la condena impuesta. Desde aplicar los tiempos de cárcel en su mitad inferior hasta reducir sus “grados”, aunque por no complicar las cosas lo dejaremos aquí. Por lo pronto, sabemos que las cinco eximentes ya mencionadas, en el caso de no producirse de un modo completo o de darse de forma dudosa se transformarán en esta clase de instituciones pero ¿cuáles son las demás?

El primero sería lo que nosotros llamamos “entrega” y ellos llaman “rendición” y se encuentra en el Artículo 42 CPJ. El reo ha intentado cometer un delito y finalmente lo ha perpetrado. No sabe que existe una investigación en torno a él pero, con todo, termina por reconocer el injusto cometido y entregarse a las autoridades antes de que se haya procedido judicialmente contra él. Algo que es extrapolable a identificarse ante la persona que pueda interponer una denuncia cuando ésta sea necesaria para iniciar la acción de la Justicia.

YllanesNagore

La sentencia que condenó a José Diego Yllanes por el Homicidio de la estudiante Nagore Laffage fue uno de los ejemplos más claros de los últimos años en los que se reconocían en España atenuantes y agravantes a la vez

La otra es lo que nosotros conocemos como “tentativa” y está en los artículos 43 y 44 del CPJ. En este caso, nos encontramos con que el reo intenta cometer un delito, pero antes de consumarlo, decide voluntariamente desistir. En ese caso, la pena impuesta será menor. No obstante, para que ésta sea perseguible en suelo nipón debe estar explícitamente tipificada. Por ejemplo, en el Artículo 87 CPJ, que establece que la tentativa de instigar una agresión extranjera contra Japón o colaborar con el enemigo, será castigada. Teniendo en cuenta que el castigo es la Pena de Muerte, no parece a priori una buena idea, aunque, como veremos más adelante, no es ni mucho menos así.

Por supuesto, en la otra cara de la moneda tenemos los agravantes, que endurecen el castigo, aunque no son demasiados en Japón. Tanto es así que sólo se reducen a uno y es el del Artículo 47 CPJ y que tiene un único supuesto: “que el reo haya sido condenado simultáneamente por dos o más delitos que estén castigados con pena de cárcel”. Aunque el mecanismo con el que funciona, lo veremos mejor con un ejemplo ya que es un tanto lioso.

Imaginemos que alguien es condenado en sentencia firme por dos delitos que implican cárcel. Por ejemplo, Posesión de Opio (hasta un año de prisión) y Falsificación de Sellos Oficiales (hasta cinco años). El agravante hace alusión a la estancia máxima en prisión pero ¿cómo se aplica? Sé que puede parecer un poco complicado, pero espero que me sigas: Observamos cuál es el delito con pena máxima y multiplicamos ésta por 1,5. En este caso es el relacionado con sellos oficiales, luego 5 años x 1,5 = 7,5 años de cárcel. Ése será el tiempo teórico que el reo debe pasar en la cárcel por ambos delitos. No obstante, dicho precepto añade una segunda regla para que exista otro límite. En este caso se nos obliga a sumar las penas máximas de cada uno de los injustos cometidos, que aquí serían 5 años + 1 año = 6 años de cárcel. Vemos que el resultado de la suma es inferior al de la multiplicación. En este caso prevalecerá el tiempo marcado por la suma. Luego en total, el preso pasará seis años entre rejas.

¡Vaya Lío! Visto lo anterior, ¿cómo demonios se contabiliza el tiempo de estancia en prisión cuando hay varios delitos? ¿No habría que sumar las penas impuestas por cada uno de los delitos y ya está?

No. Ésa es la creencia popular y de hecho en España somos aficionados a titulares rocambolescos como aquéllos que hablan de condenas como la impuesta a Suárez Trashorras, que llegaba a los 34.715 años y 6 meses de prisión frente a los más de 38.000 que se pedían. El número es abrumador y el sumario que llevó a él, de unas dimensiones delirantes. Pero la realidad es que el cómputo no se realiza de un modo ni remotamente parecido.

En el Derecho Penal Japonés tenemos que aplicar inicialmente una regla que es la de sumar las penas, sí. (Artículo 51 CPJ) pero después ésta será corregida por otra que evita que el castigo sea excesivo o una Cadena Perpetua en la práctica. Por ejemplo que en ningún caso estas penas podrán exceder en total los 20 años de internamiento al margen de si es prisión con trabajo o sin trabajo (Artículo 13 y 14 CPJ).

Pero además puede entrar en juego lo que en España conocemos como el “Concurso de Delitos”, que no voy a explicar en detalle, pero sí el concepto en cuestión. Nos encontramos con un hecho que se ha consumado en un único acto, pero de éste se pueden deducir al menos dos delitos. ¿Penamos los dos o sólo uno? Pues bien, en este caso habrá qué ver cuál es la condena más dura de entre los dos y será ésta la única que se aplique (Artículo 54 CPJ) luego será como si hubiese cometido uno.

Fiscalía General del Estado

Sede de la Fiscalía General del Estado en España

Se podría decir que estamos ante un juego. El Fiscal intenta por todos los medios que el procesado acabe entre rejas el mayor tiempo posible achacándole diferentes delitos que no tienen conexión entre sí. Mientras, la Defensa sostiene que todos ellos son sólo la consecuencia de único delito, lo que hará que su cliente pase mucho menos en prisión. Date cuenta de que eso no tiene nada que ver con lo que la gente cree que hace un abogado defensor. Muchas veces no se trata de lograr una absolución, sino una pena mínima o, en su defecto, menos grave de lo que pide el Ministerio Público.

Volvamos a lo que te dije sobre entregarse en el caso de delitos relacionados con la traición. Eso contaría como una eximente, por lo que siguiendo las reglas del Artículo 68 CPJ, la Pena de Muerte con la que estos delitos se castigan… pasa a ser de Cadena Perpetua y ésta, en el caso de que exista alguna medida de gracia, puede zanjarse con una estancia de diez años en la cárcel. ¿Te das cuenta? Del mismo modo, la Prisión Permanente, en función de los atenuantes, puede pasar a ser de hasta siete años, mientras que las condenas por injustos castigados con una pena concreta, se reducen en un grado, que para entendernos significa reducir el margen de tiempo con en el que alguien puede ser hipotéticamente condenado, a lo que vendría a ser la mitad de lo que en circunstancias normales cumpliría.

Por lo tanto, olvídate de los titulares de prensa y de mitos. La defensa en el Derecho Penal, incluido el japonés, estudia las hipotéticas penas a las que pueden condenar a los reos y diseña una estrategia según la cual reconocerán muchas veces ciertas cosas, pero pondrán cierto énfasis en comportamientos que aminoren la responsabilidad Penal del cliente, de tal modo que éste salve la vida u obtenga una pena ridícula. No nos olvidemos de que en Japón, la ejecución de las condenas de hasta tres años de cárcel pueden suspenderse, o que un reo condenado a Cadena Perpetua puede también ser puesto en libertad si ha cumplido una serie de requisitos. Pero es aquí donde ya entra en juego otro tema que en seguida abordaremos.

¿Cómo que un preso puede acabar en la calle sin terminar su condena?

No es lo mismo un ratero de barrio al que han pillado atracando, que un violador en serie o un psicópata que ha matado a cinco personas. Del mismo modo, no parece lógico que en la cárcel ocupen el mismo lugar cuando sean llevados a ella, y por ello todos los sistemas penitenciarios con un mínimo de sentido común tienen implantado el sistema de los “grados”. De ellos, el Primero es el llamado “régimen cerrado” y está destinado a los reclusos de máxima peligrosidad; el Segundo es el “régimen ordinario” para los delincuentes comunes que desempeñan una vida normal, dentro de unos límites, en el Centro Penitenciario; el Tercero es ya el “régimen semiabierto” en el que el reo puede salir de la prisión, volviendo únicamente a dormir (para no liarnos) los días laborables.

Dentro de ese sistema, se entiende que podemos encontrarnos ante una persona que haya sido condenada pero que en la cárcel dé signos de arrepentimiento, buena conducta y reinserción. Por ello, puede llegar el momento en el que no tenga demasiado sentido mantenerlo en prisión, dado que además ésta conlleva unos gastos que el Estado no se puede permitir. Es por ello por lo que existe una cuarta institución que es la “libertad condicional” y que en Japón está regulada en los Artículos 28, 29 y 30 CPJ.

El legislador japonés establece como condición para acceder a ella “signos de una reforma sustancial”. Pero para que la misma sea apreciada, el reo ha de haber cumplido al menos un tercio de la pena que se le impuso (o que en realidad debería cumplir, de acuerdo a las normas de cómputo de las que ya hemos hablado) o bien que en el caso de haber sido sentenciado a Cadena Perpetua, haya permanecido al menos diez años entre rejas.

Top court convenes grand bench

Panorámica de una sala del Tribunal Supremo Japonés

Esta “gracia” la concede, en nombre del Gobierno Japonés, lo que para nosotros vendrían a ser las agencias estatales competentes, y consiste en que durante el tiempo que le quede por cumplir, el reo podrá llevar una vida normal fuera de la cárcel, aunque con la vigilancia de un supervisor, que será el encargado de dar fe de la correcta resocialización del preso y de que éste no ha incurrido en ninguna de las causas que la revocan.

En Japón, basta con cometer durante ese tiempo un delito castigado con una multa ordinaria para que el reo vuelva a la cárcel. O también, que por algún motivo haya sido condenado por otro caso independiente al que lo puso entre rejas, antes, durante o después de que se le conceda la condicional. Recuerda que una cosa es iniciar un procedimiento Penal y otra muy distinta concluirlo y pueden pasar años desde lo primero y lo segundo; de ahí que se haga referencia a una condena por un tema diferente.

Hemos de aclarar, por último, que no es lo mismo esto que los llamados “antecedentes penales”. Éstos son unos registros de los que se encarga una administración concreta (en España, el Ministerio de Justicia) que una vez que el preso ha cumplido la pena, servirán para saber si reincide o no, o si en el caso de volver a pasar por un juzgado, hay que tenerle en cuenta o no ese pasado. Tampoco lo son los siempre polémicos “antecedentes policiales”, que son sencillamente los datos que toma la Policía de sus intervenciones, al margen de si acaban o no en algo a nivel Penal, y que conservan para sus posteriores investigaciones. Un hecho un tanto cuestionable si tenemos en cuenta que los fichados no tienen por qué ser delincuentes y en la práctica se les está tratando como a tales.

¿Cómo que si comete o si es condenado? ¿Es que duran mucho esta clase de procedimientos? ¿Y qué es eso de la Prescripción de la que en muchas ocasiones se habla?

Son muchas las cosas que se dicen de esta institución y casi todas falsas. Pongamos que nos encontramos en 2034. En un día de abril de ese año, una compañera tuya de facultad se dirige a una comisaría de los Mossos d’Esquadra acusándote de haberla agredido y, tras haberla empujado y reducido, le quitaste 675 euros en septiembre de 2013. La acusación de delito de robo con violencia es completamente falsa pero ¿cómo te defiendes? Han pasado casi 21 años, has perdido el contacto con la mayoría de tus compañeras y no sabes ni siquiera dónde estabas ese día.

La prescripción busca precisamente evitar ese tipo de situaciones. La mala fe está a la orden del día y si no hubiese ningún tipo de plazos para denunciar los posibles delitos, podrían interponerse por hechos muy remotos que, por lo tanto, resultan fáciles de tergiversar. Pero también pensemos en otra cosa. Supongamos que en vez de estar en 2034, no nos hemos movido tanto en el tiempo. Pongamos que sucede en enero de 2014 y esa compañera te acusa exactamente de lo mismo de forma fraudulenta.

En teoría está dentro del plazo legal para hacerlo pero ¿tú le robas y sin razón aparente tarda cerca de cuatro meses en denunciarte? Para empezar, sólo con ese lapsus de tiempo, el juez tendría muchas pistas de que se trata de una denuncia falsa, pero pongamos que quiere seguir adelante con el procedimiento. Tú tienes dos amigas que pueden dar fe de que estabas tomando un café con ellas en el momento en el que esta chica dice que tú le has robado en un lugar completamente distinto, pero el caso es que el juicio tarda en salir varios años (algo por otro lado normal). Una de esas amigas ha terminado por enfadarse contigo y no quiere testificar a tu favor. La otra ha muerto. ¿Cómo te defiendes? No parece muy justo que una vez denunciados los hechos tampoco exista ningún plazo para seguir enjuiciando, máxime con un sistema tan colapsado como el nuestro.

Es aquí donde entra en juego la Prescripción. Ésta no busca favorecer al delincuente, sino al juego limpio y muy especialmente defender al inocente. Date cuenta de que tú en ningún momento has cometido delito alguno, pero en casos como éstos podrías estar indefensa si no existiese y lo que es peor: probablemente acabarías condenada. Por ello, y precisamente por evitar este tipo de prácticas, se imponen tiempos. Pero volvamos a lo dicho en un principio. ¿Es lo mismo perseguir un hecho de poca importancia como una falta a investigar un crimen como un asesinato? ¿Hemos de invertir tiempo, ganas y dinero público en perseguir con toda la saña del Estado de Derecho una falta de injurias que un delito de homicidio? Parece evidente que no. Por eso, los plazos son más amplios cuanto más grave es el injusto a perseguir.

GarzónPrescripción

El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, consiguió el archivo de una de las tres causas abiertas contra él por Prevaricación cuando se declaró prescrita la relacionada con cobros relacionados con el Banco Santander

Así que ya tenemos todos los elementos necesarios para explicar esta institución. Se trata por lo tanto de un determinado plazo para interponer acciones legales contra algo, que impone el legislador de turno y que dependerá de los hechos que queramos que se persigan. A más dañinos, más tiempo. Pero del mismo modo, una vez que planteemos la denuncia, el contador del tiempo se reiniciará y se empezará a contar el plazo entre actuaciones procesales para el cómputo del plazo. Si éste excede el de prescripción, el tema se archivará. ¿Y cómo se cuenta? Muy simple. El Artículo 250 del Código Procesal Japonés nos impone una escala, para la cual debemos fijarnos en la pena más grave para el delito que prevea el CPJ. Así, existirá un plazo de 25 años para perseguir delitos castigados con Pena de Muerte, 15 para los que impongan Cadena Perpetua, 10 para penas de 15 años o más de prisión, 7 cuando se prevea de 10 a 15 años, 5 cuando el margen sea de 5 a 10, 3 el resto de condenas y 1 las que simplemente impliquen el pago de una multa de cualquier tipo.

Pero cuidado, porque no basta con llegar a una condena escrita en una sentencia, ya que ésta ha de ejecutarse. Naturalmente, esto implica otras reglas que son las del artículo 32 del Código Penal Japonés, basadas fundamentalmente en el tiempo. Nos fijamos en la pena más grave para el delito prevista y miramos sus escalas; 30 años para sentencias que impliquen Pena de Muerte; 20 para las que incluyan Cadena Perpetua; 15 para las que ordenen una pena de diez años en adelante; 10 para las que tengan entre tres y diez; 5 para menos de tres años; 3 para los que simplemente estén castigados con una multa; 1 para las de multa menor.

Traducido: Pongamos que existe un delito de apuesta ilegal (185 CPJ) que se castiga con multa de hasta 500.000 Yen. Atendiendo a lo anterior, si no se ha interpuesto en ese tiempo una denuncia o una acusación en el plazo de un año (o bien se ha dejado pasar entre dos actuaciones procesales ese mismo lapso), el expediente quedará prescrito y el reo será absuelto. Del mismo modo, existen tres años para ejecutar la sentencia. De no hacerlo, el resultado es el mismo.

Vale, pero ¿qué pasa con los delitos cometidos por menores de edad?

Como siempre, el apartado más polémico del Derecho Penal tiene relación en torno a los menores de edad y sobre lo benigno que este orden jurisdiccional puede llegar a ser con ellos. Tal es así que tanto en España (artículo 3 de la LPME) como en Japón (Artículo 41 CPJ) los menores de catorce años son directamente inimputables, lo que significa que no son responsables de nada de lo que hagan, aunque después sus padres o tutores respondan civilmente de los daños que ocasionen. Un tema que tuvo su episodio más dramático e impactante en el caso de la bautizada en Internet como “Natsumi Tsuji”, la asesina de once años que no pudo ser condenada por su edad, aunque se especula con que fue trasladada a una cárcel de mujeres.

Independientemente de eso, la mayoría de edad en Japón se obtiene a los 20 años. Ello quiere decir que desde los 14 hasta los 20 existe un periodo en el cual ellos sí serán responsables de lo que hagan, aunque su pena será especial, atendiendo al hecho de que se supone que se juzga a personas que están en formación y que pueden cambiar. Algo que, en mi opinión, es un razonamiento mezquino, ya que la inmensa mayoría de ellos son plenamente conscientes del mal que hacen y que éste les sale gratis.

Debido precisamente a esto, tanto España como Japón poseen dos leyes especiales destinadas a los casos en los que existen menores invoclucrados. Éstas lo que harán será decirnos cómo enjuiciarlos, y de hecho lo primero que harán será decirnos que un Juzgado de Menores en nuestro país y uno de Familia en suelo nipón, serán los competentes para juzgar estos hechos y no los habituales. También se nos indicará, si procede, cómo aplicar las reglas que existen en el Código Penal. Es decir, los delitos que discutimos son exactamente los mismos que con un adulto, pero con ellos las normas, su aplicación y por supuesto los castigos cambian sustancialmente a su favor, aunque mucho más en nuestro país que en el Imperio del Sol Naciente.

Natsumi Tsuji

El caso de Natsumi Tsuji (un alias que se le dio en Internet) conmocionó a la sociedad japonesa después de que esta niña superdotada de tan solo once años, asesinase a una compañera de clase mediante una cuchilla, supuestamente inducida por Battle Royalle

Para que te hagas una idea, un asesinato “simple” en España se castiga con entre 15 y 20 años de cárcel (artículo 139 CPE). Por lo tanto para alguien que asesina a dos personas (algo habitual en este tipo de crímenes) la pena total para él oscilaría entre 30 y 40 años. Pero todo cambia si es menor. La explicación es larga y confusa pero se resume en que como “muchísimo” (es decir, tras un montón de carambolas en demasiadas esquinas que casi nunca se darían todas juntas) en el primero de esos casos podríamos tenerlo 8 años privado de libertad (Artículo 10.2,b LPME) y en el segundo 10 (Artículo 11.2 LPME).

Esta última expresión “privado de libertad” no es casual. Ese tiempo en el que el menor está cumpliendo su condena, ya sea por sentencia firme o de forma preventiva, hasta que tiene 18 años permanece en un centro de menores, mucho más benévolos que las prisiones. Es más, la única forma de hacer que un menor condenado cumpla el resto de la pena en una cárcel es que haya cumplido los 18 o los 21 años, siga en lo que llaman “régimen cerrado” de menores (muy pocos lo tienen) y se entienda que no se han cumplido los objetivos resocializadores que se buscaban con él. En otras palabras, en la práctica lo que ocurre es que casi es imposible, y que un menor puede cometer los delitos más execrables sin que éstos tengan además consecuencia de ningún tipo para su futuro, dado que estas condenas NO GENERAN ANTECEDENTE PENAL REAL ALGUNO.

Como habrás podido inferir hasta ahora de éste y de otros textos que he escrito para ti, todo esto se traduce en que una cosa es lo que EN TEORÍA se puede hacer con una ley en un juicio y otra muy distinta es lo que EN LA REALIDAD sucede en los juzgados. En el ejemplo que te he planteado, un mayor de 18 años que cometa un doble asesinato, pasará COMO MÍNIMO en torno a treinta años en prisión y con unos antecedentes penales que no se cerrarán hasta prácticamente su muerte. Un menor de 18 que ejecute ese mismo crimen permanecerá COMO MUCHO diez años privado de libertad, en un régimen mucho más benévolo y a todos los efectos será como SI JAMÁS HUBIESE COMETIDO ACTO REPROCHABLE ALGUNO.

Asesinato de InejiroAsanuma

El estudiante de 17 años, Natsumi Tsuji, asesina “en directo” al líder socialista nipón Inejiro Asanuma

¿Son tan idiotas en Japón como en España? Afortunadamente no. De hecho lo que se entiende es que hay reos que pueden ser resocializados y otros que no. Para los primeros, el Artículo 22 LPMJ prevé que el juicio al que se someta al menor sea distendido, de tal modo que pueda reflexionar sobre lo que ha hecho y reformar su conducta. Algo a lo que además se añade el hecho de que la vista no será pública, de modo que no podrá entrar en la sala nadie ajeno al procedimiento. Por contra, cuando haya cometido un delito castigado con Pena de Muerte o Cadena Perpetua, salvo milagro, se abrirá un Procedimiento Penal Ordinario contra él y con todas sus consecuencias (Artículo 20 LPMJ) como por ejemplo el ser llevado ante un tribunal convencional.

De cualquier modo, ante delitos de poca gravedad los menores tienen muchas ventajas. Por ejemplo, en el caso de que se les condene a una multa y ésta no se pague, no podrán ser llevados a prisión o a casas de trabajo (Artículo 54 LPMJ). Del mismo modo, la ejecución de las sentencias tendrá lugar en establecimientos especiales (centros de menores) si tienen menos de 16 años (artículo 56.3 LPJM) o bien en lugares especialmente habilitados en la prisión y separados por lo tanto del resto de presos.

Los jueces japoneses tienen en este campo un margen de discreccionalidad muy elevado. Siempre que estemos hablando de un delito tipificado en el Código Penal y para injustos con un castigo superior a tres años de cárcel, tendrá, al dictar sentencia, que señalar el periodo mínimo y máximo que debe estar privado de libertad (Artículo 52 LPMJ). Pese a ello, existen múltiples reglas que acotan bastante este margen de maniobra en las que no vamos a entrar, aunque la más importante es que una vez que el condenado haya sobrepasado la mayoría de edad (recordemos, de 20 años) cuando cumpla los 26 deberá ser puesto en libertad. Aunque naturalmente, hablamos de los casos en los que existan delitos o una concurrencia de los mismos, un tanto leves, no de los castigados con la muerte o la cadena perpetua.

Shikeishou no Saigo no Shunkan

Portada del libro “Shikeishou no Saigo no Shunkan” que recogió y analizó el crimen perpetrado por Misao Katagiri, un joven de 18 años que mató a un policía e hirió a 17 personas, siendo finalmente condenado a muerte

Cuando el asunto pasa a un Tribunal Penal Ordinario debido a su gravedad, un menor puede ser ejecutado. Sin embargo, en Japón se entiende que los 20 años que utilizan para discernir entre un mayor y un menor de edad, es un supuesto excepcional en comparación con el resto de países, lo que hace que añadan otras consideraciones. Por ello entienden que si un MENOR DE 18 (el habitual en el resto de países) es sentenciado a muerte, la pena se sustituirá por Cadena Perpetua (Artículo 52.1 LPMJ) y a su vez, si la condena original es a Prisión Permanente, ésta PUEDE (no es obligatorio) sustituirse por otra de entre 10 y 15 años de cárcel (Artículo 52.2 LPMJ).

¿Qué quiere decir esto? Pues que en la práctica si un menor comete un doble asesinato, si tiene más de 18 probablemente será ejecutado, mientras que si no tiene esa edad, pasará el resto de su vida a la sombra. Es decir, si el procesado en esta circunstancia ha cometido lo que llaman otros países “un crimen”, será apartado de la sociedad al margen de su minoría de edad y del destino que le aguarde, salvo que se le conceda una gracia.

Por contra, en el caso de uno o varios “delitos” sí tendrá derecho a reinsertarse, hasta el punto de que si está en un Centro de Menores, se ordena por ley que se le dé una educación rehabilitadora (Artículo 56.3 LPME). Tal es así que no se pueden publicar fotos con el rostro del reo, o artículos con su nombre, edad, trabajo o en general cualquier dato que permita identificarlo si el injusto lo cometió durante su minoría de edad (Artículo 61 LPMJ). De ahí que el ya aludido nombre de “Natsumi Tsuji” sea sólo un meme de Internet para bautizar a la asesina más joven de Japón.

Y ahora, el siempre espinoso tema del sexo en la sociedad japonesa

Llegamos a uno de los temas más fuertes y que más ríos de tinta ha hecho correr como es el asunto del control del sexo en Japón. En teoría, el Imperio del Sol Naciente posee como lado más oscuro de cara a la comunidad internacional su teórico poco control de la pederastia y su salvajismo a la hora de la pornografía que exporta, bien con sus actores de carne y hueso o muy especialmente la hecha a través de hentai.

En base a esto, todo aficionado al manga y al anime sabe que esta clase de películas, cuando son comercializadas en su país de origen, lo hacen con censura, pixelando únicamente los genitales de los personajes que los muestren y el motivo, connotaciones históricas al margen, vendría a ser el artículo 175 del Código Penal Japonés, que establece que “quien distribuya, venda o muestre en público un documento obsceno, dibujo o cualquier otro objeto de categoría análoga” será condenado con hasta dos años de cárcel o multa de hasta 2.500.000 Yen.

Los juristas nipones siempre han tenido a este precepto como uno de los más polémicos de su Código Penal. En primer lugar porque está sancionado con la multa más alta que se puede imponer en todo ese orden jurisdiccional a algo que puede ser un simple dibujo. Por otro, la Constitución japonesa reconoce claramente en su artículo 21 la Libertad de Expresión. Y muy especialmente por lo que la práctica habitual de los juzgados japoneses entiende por “obsceno” y que obtuvo un muy amargo desarrollo jurisprudencial en el llamado “Caso Misshitsu”.

MisshitsuPortada

Portada del manga hentai “Misshitsu” del que apenas se distribuyeron 20.000 ejemplares pero que fueron retiradas del mercado por contener imágenes de genitales; el asunto es uno de los más graves relacionados con la Libertad de Expresión en Japón y estuvo a punto de llevar a prisión a su autor, Suwa Yuuji, que además tuvo que hacer frente a una multa de 1.500.000 Yen

Si hay algo por lo que el género del hentai es polémico es por retratar y abordar todos los límites que la pornografía habitual jamás trataría por una razón tan sencilla como que no están protagonizados por seres humanos sino por, insisto, simples dibujos o animaciones, lo cual hace que en ellos se retraten constantemente relaciones sexuales de extrema violencia, que incluyen violaciones, torturas, prácticas sadomasoquistas o incluso la pornografía infantil.

Ante tal resquicio legal, los autores nipones dan rienda suelta a su lado más oscuro y perverso, siendo la mayor parte de las películas de este género de un gusto cuanto menos dudoso y que puede herir la sensibilidad del espectador. Por ello, no deja de ser irónico cómo las autoridades japonesas consienten la elaboración, distribución y exhibición de películas hentai que muestran toda clase de atrocidades y que, sin embargo, su máxima preocupación es que no sean visibles los genitales de los diseños que intervienen.

Nótese además, que el 175 CPJ no dice nada acerca de la “producción”. Es decir, un estudio puede crear una película pornográfica de animación en la que se vean los órganos reproductores en sus hombres y mujeres, con la condición de que después los pixelen. ¿La razón? Simple. Son después exportados sin censura a los mercados estadounidense y europeo para su comercialización en esas zonas. Por ello, no son pocas las veces en las que los japoneses han sido acusados de hipócritas en esta clase de temas y no sin cierta razón.

Enjo Kosai

Instante de un documental de la BBC sobre el Enjo Kosai en el que un experto reconoce que en algunas escuelas hasta un tercio de las alumnas se han prostituido

Pero el otro de los grandes problemas se centra en su alto nivel de pederastia, excepcionalmente expresado y representado en el famoso “Enjo Kosai”, con el que hombres mayores pagan a adolescentes de instituto, en dinero o en especie, para (especial y fundamentalmente) mantener relaciones sexuales con ellas. Es decir, que es una forma de prostitución como cualquier otra, con la diferencia de que hay menores de por medio. El Código Penal Japonés no sanciona dicha conducta mientras que en España, la prostitución de menores es uno de los delitos más graves: “El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz será castigado con las penas de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. La misma pena se impondrá al que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz”. Artículo 187.1 del Código Penal Español tipifica esta conducta que sanciona tanto al proxeneta (primer caso) como al que pague por la prostitución de un menor (segundo caso).

La clave de la cuestión se centra en la llamada “Edad de Consentimiento Sexual”, es decir, aquella edad en la que un menor puede tener relaciones sexuales, ya sea con otro menor o con un adulto. Y ésta viene siempre marcada por el Código Penal vigente en el momento en el que éstas se consumen, dado que se considera delito el tener sexo con alguien por debajo de esa edad. Cuestión diferente es que otras leyes (como en breve aclararemos) maticen este precepto de cara a otros aspectos de la vida del menor como pueda ser, por ejemplo, el matrimonio, que suele requerir una edad superior para contraerlo y que puede ser declarado nulo si éste no se consuma (aunque esto es más bien un tema de Derecho Canónico que afecta al Civil en España y en el que no nos vamos a meter).

En Japón, son el 176 CPJ y el 177 del mismo cuerpo legal son los que sancionan esta clase de conductas, aunque hay una peculiaridad. En el citado artículo 177, la conducta delictiva es mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años de sexo femenino. Ello no quiere decir que una mujer que se acueste con un menor de 13 años de sexo masculino no cometa un delito, sino que, para no liar la explicación, el legislador nipón entiende que el delito es más grave si la persona con la minoría de edad es una mujer.

Jose Manuel Torres Yake Airi Kinoshita

La violación y posterior asesinato a manos del pederasta Jose Manuel Torres Yake (izquierda), de la pequeña Airi Kinoshita (derecha) de tan solo siete años de edad, escandalizó al país hasta el punto de condenar a muerte al autor de la tragedia

Dicho esto, es probable que en más de una ocasión te hayan dicho que en Japón la edad de consentimiento sexual ya aludida depende de las prefecturas, a lo cual sólo me queda por decirte que es rotundamente falso. Ello se debe a que en algunos lugares, la práctica del ya mencionado Enjo Kosai está limitada por disposiciones administrativas que sancionan a los clientes de esta clase de prostitutas si son mayores de 13 años pero menores de una determinada edad que naturalmente es superior a ésta y menor de 20.

Es aquí donde entra en juego lo que dijimos al principio. Existen muchos órdenes jurisdiccionales y el que regula las relaciones de un ciudadano con las Administraciones Públicas apenas tiene conexión con el Derecho Penal. De hecho, cualquiera de éstas, por ejemplo un ayuntamiento, puede aprobar ordenanzas que multen conductas que a priori no sean constitutivas de delito. Un caso claro lo tenemos en Granada o Sevilla, donde se les impone esta clase de castigos a los clientes de las prostitutas. A priori, no hay delito alguno en la prostitución si ésta es voluntaria y ambas partes son mayores de edad por lo que dicha sanción no tiene nada que ver con los injustos que estamos viendo. En la práctica, y resumiendo mucho, son impuestos forzosos que gravan una conducta prohibida por una Administración con potestad sancionadora.

En realidad, la única manera que más o menos prevé el ordenamiento jurídico nipón para paliar este problema es el artículo 3 de la Ley Penal del Menor Japonesa, que establece que un menor pueda ser sometido a juicio si en él se observan tendencias que puedan llevarle a cometer delitos, y entre esos supuestos están los de frecuentar personas y ambientes inmorales (artículo 3.3.c LPMJ) o que puedan perjudicar con su conducta su propia moral o la de otros (artículo 3.3.d LPMJ), aunque la clave, como siempre, está en la palabra “moral”.

Algunos de los delitos más importantes que no hemos abordado y que pueden sernos de interés por diferir de nuestro país

Y llegamos a lo que los juristas llamamos la “parte especial” del Código Penal Japonés, frente a todo lo anterior, que es lo que por contener reglas de interpretación genéricas se conoce como “parte general”. Realmente he puesto tanto hincapié en la primera porque en un juicio Penal lo que verdaderamente se discute en la actualidad no es si alguien ha hecho algo o no, sino si está justificado, si es en realidad otra cosa, si la pena se puede reducir o aumentar, etc.

Como es lógico, no me voy a meter en todos y cada uno de los delitos, ya que ello implicaría hablar por ejemplo de lo que nosotros llamamos “desarrollo jurisprudencial” y que se define con lo ya dicho sobre la Pena de Muerte pero que recordaremos en el siguiente párrafo. Cualquier código trae los preceptos, pero éstos después tienen que desarrollarse en la práctica y, por descabellado que te parezca, muchos de los legisladores y más tarde los que se ocupan del control de su legalidad (especialmente en temas constitucionales) no piensan ni siquiera en las consecuencias más obvias de sus leyes, sino simplemente en satisfacer el interés que empuja a su promulgación (grupos de presión, promesas electorales, clamor popular…).

Eso obtiene como consecuencia que las leyes y sus reformas, sobre todo en sus primeros años, suelen tener un pequeño margen de inseguridad jurídica, es decir, que un ciudadano común y corriente no sabe si lo que está haciendo es legal o no. Por ello, son los juzgados, y en última instancia el Supremo, los que van interpretando cada texto legal en función de los casos y de los supuestos, lo que hace que conocer la doctrina de ese tribunal sea primordial. En resumen, que un simple artículo de apenas unas líneas, puede suponer decenas de consecuencias y no siempre es fácil preverlas cuando no han sido llevadas a los juzgados.

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La Yakuza japonesa se hizo famosa en el siglo XX por copiar en su vestimenta a la mafia italiana, lo que extendió sobre ellos el mito de que siempre “vestían de luto

Ya en realidad hemos visto la inmensa mayoría de los delitos más importantes, pero antes de comenzar con esta sección que cierra este artículo, quiero llamar tu atención sobre un detalle. El Código Penal Japonés está compuesto por 264 artículos, y en su mayoría con una redacción muy breve. El Código Penal Español posee nada menos que 639 en la actualidad, muchos de ellos con una versión “bis”, que en algún caso llega hasta la “quáter” (Artículo 616 CPE) y con una redacción sencillamente horripilante y demasiado compleja. Un buen ejemplo lo tienes en el Artículo 607 bis.

A lo anterior se une un dato. La población de Japón oscila entre los 126 y los 128 millones de habitantes. España se sitúa en torno a los 47, siendo además una sociedad bastante más atrasada que la nipona en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías que mediatizan e interconectan mucho más a la sociedad, lo que implica teóricamente la comisión de más hechos delictivos y más preocupación respecto a ellos. Pero entonces, ¿cómo se explica semejante diferencia en cuanto a Códigos Penales?

La razón es que en España siempre se ha legislado mal en todos los ámbitos y muy especialmente en lo que al orden Penal se refiere. Normalmente cada dirigente o cada partido que haya ocupado el poder, ha volcado tanto su ideario político y moral como el de sus aliados en el Código Penal, sin importarle si sus preceptos correspondían o no a una auténtica necesidad de la sociedad o si empezaban a ser contradictorios entre sí. Del mismo modo, en nuestro país siempre hemos optado, legislativamente hablando, por redirigirlo todo hacia el Derecho Penal, olvidándonos de que éste está fundamentalmente destinado al castigo de un acto teóricamente reprochable, y haciendo que éste se ocupe de cosas de las que tendrían que dedicarse otros como el Civil o el Administrativo. ¿El resultado? Salvo en el tema de Tráfico, los juzgados de lo Penal están colapsados de denuncias falsas, el tiempo para que salga el juicio y la posterior sentencia es o muy corto o irritantemente excesivo, la inmensa mayoría de las mismas son un disparate tras otro y un largo etc de calamidades que algunos resumen en asegurar que en España la Justicia es “tombolesca”.

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Wallpaper de Kaiji, uno de los manganimes que más fielmente han retratado el juego en la sociedad japonesa

Así pues, las leyes penales japonesas son muchísimo más sencillas que las españolas y están basadas en la casuística de un hecho concreto. Ello quiere decir que los abogados nipones tienen mucho más difícil la defensa de sus clientes que en un territorio como el nuestro. Repasemos por ejemplo cuatro delitos castigados con la Pena de Muerte: “por incendiar o inundar una infraestructura teóricamente abandonada con resultado de muerte (108 y 119 CPJ), por sabotaje a las líneas ferroviarias con resultado de muerte (126 CPJ), por envenenamiento de suministros de agua con resultado de muerte (146 CPJ)”. Todos ellos dicen clarísimamente en qué consisten, luego si el procesado ha descrito con su comportamiento esa acción, está prácticamente condenado salvo que el letrado pueda encontrar una eximente o pueda demostrar que el caso ha prescrito.

Piensa que aquí, para ésas mismas cosas entrarían en juego dos preceptos: el Artículo 138 CPE (Homicidio) “El que matare a otro” y el Artículo 142.1 CPE (Homicidio Imprudente) “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro”. Si te fijas, los enunciados son completamente abiertos, lo que significa que tenemos que filosofar y convencer al juez sobre si el procesado tenía o no intención de matar o si ha cometido una imprudencia grave. Ello implica que la defensa es muchísimo más compleja, ya que abarca muchos más supuestos y condiciones.

Cabe añadir que cada Derecho se adapta a sus circunstancias. Por ejemplo la cultura española es de origen judeocristiano, lo que implica que los castigos que se imponen por ley están más o menos de acuerdo con los principios de estas confesiones religiosas que por motivos históricos se encuentran asentados en la sociedad europea, como puedan ser los delitos relacionados con dañar la integridad física (matar o herir), el patrimonio (robar o hurtar), la indemnidad sexual (violación) o el falso testimonio (perjurio en juicio, prevaricar funcionarialmente, etc). Japón no está dentro de ese área de influencia y como tal los delitos están vinculados con su realidad y filosofías.

Un Fumador de Opio Retratado

La adición al opio destruyó prácticamente a todo el sudeste asiático, siendo utilizada como arma de guerra o incluso como Casus Belli

Japón no tiene históricamente hablando un problema de drogas en general, sino de una droga en particular, el opio, culpable directo de la destrucción de China y de todos sus países vecinos durante toda la historia y en especial durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. Por ello está prohibido importar, manufacturar o vender opio (Artículo 136 CPJ), aprovecharse de la condición de funcionario para que entre en Japón (Artículo 138 CP) así como suministrar el material para poderlo fumar (Artículo 137 CPJ), fumarlo o habilitar un espacio para ello (Artículo 139 CPJ) e incluso su simple posesión (Artículo 140 CPJ).

Nosotros, con el título genérico de “delitos contra la salud pública” dedicamos un monstruoso capítulo de nuestro Código Penal (del Artículo 359 al 378 CPE) a perseguir cualquier clase de tráfico de drogas o actividades similares en nuestro suelo, y el motivo es obvio. España es una puerta de entrada ideal en Europa para las sustancias ilegales producidas en América y el Norte de África. De ahí que necesitemos leyes estrictas en ese aspecto.

Por contra Japón es un archipiélago con una excepcional posición militar, pero no logística para la distribución de este tipo de material, dado que no se encuentra en el suelo continental de Asia. Sin embargo, sí que es un gran consumidor del opio. De ahí que al analizar su Código Penal, únicamente se castigue el tráfico de éste, y que sólo en preceptos muy aislados como el causar un accidente de circulación bajo la influencia de drogas en general (Artículo 208-2 CPJ) o bien que una mujer provoque su propio aborto consumiendo consumiendo esta clase de sustancias, se hable de los efectos de este tipo de productos ilegales.

Miyuki Ishikawa

La comadrona Miyuki Ishikawa es considerada la mayor asesina en serie de Japón tras acabar con la vida de al menos 103 bebés, todos ellos hijos de padres en situación de pobreza, aunque se sospecha que ella fue en realidad la cabeza de turco de todo un entramado administrativo en el que sólo ella cargó con la culpa, por lo que algunas abortistas han intentado rehabilitar su nombre

Y aquí volvemos a pinchar en hueso. ¿Es el aborto un derecho de la mujer o por el contrario el asesinato de un inocente? En el primero de los casos, ¿debe tener voz y voto el padre en dicha elección? Y en el segundo, ¿quiénes deben ser castigados en el caso de cometerse? La problemática daría como para un libro de mil páginas, tropecientosmil informes jurídicos y lechugazos varios entre juristas de derechas y de izquierdas que evidentemente te voy a ahorrar. Pero todo se resume en lo siguiente.

Atendiendo a la tradición romana, los requisitos imprescindibles para obtener personalidad jurídica son tres: nacer libre (no ser hijo de esclavos), con forma humana y que el bebé sobreviva emancipado durante 24 horas del claustro materno. Por lo tanto, un nasciturus (el que va a nacer) no es una persona desde el punto de vista jurídico, pero si no tuviese derecho alguno, ello implicaría por ejemplo que los hijos póstumos no podrían adquirir herencia alguna de su padre. Una suerte que no parece demasiado justa. Entonces, ¿qué hacemos?

En España el tema lo zanjó la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 que definía al nasciturus como un “bien jurídico protegido” y como tal era titular del Derecho a la Vida previsto en el artículo 15 de la Constitución Española. Por contra, y utilizando el criterio de la ponderación, había tres supuestos en los cuales prevalecían otros derechos de la madre sobre los del feto: malformaciones o enfermedades congénitas del niño (criterio eugenésico), el embarazo es fruto de una violación (criterio criminológico) o riesgos para la salud física o psicológica de la madre (criterio terapéutico). Sólo en esos casos el aborto era legal y no se necesitaba el consentimiento del padre.

AbortoUkyo

Grabado de Ukio-e en contra del aborto fechado en el siglo XIX (clic para ampliar)

En 2010, por contra, se aprobó una nueva ley del aborto (que al parecer va a ser derogada) que sustituía estos criterios por periodos de tiempo. La mujer podía abortar dentro de las 14 primeras semanas de embarazo sin justificación alguna, y dentro de las 22 primeras semanas, si existen malformaciones en el feto o riesgo para la salud de la madre. La polémica estaba servida, desatando el debate jurídico más visceral del régimen de la Transición. Este sistema, denominado “de plazos” entiende que existe un determinado periodo en el que el nasciturus no se encuentra lo suficientemente desarrollado como para poder considerarse un ser humano por lo que un aborto sería legal. Por contra, una vez transcurrido un tiempo marcado por la ley, ese mismo aborto pasa a ser ilegal.

En Japón es el aborto era legal utilizando el criterio eugenésico, ya aludido, mediante una ley vigente desde 1948 hasta 1996 cuyo objetivo era el siguiente: “Esta ley, desde una perspectiva eugenésica, con el fin de impedir el nacimiento de vidas defectuosas, se propone proteger la vida y salud de las madres”. Se trataba de un cuerpo legal extremadamente polémico y finalmente fue sustituido por la actual “Ley de Protección de la Salud de la madre”, que destierra y penaliza ese criterio en favor del criminológico (violación) y clínico (riesgo para la salud de la madre), aunque aquí, en el caso de que la mujer esté casada, sí se necesita el consentimiento del esposo salvo que éste se encuentre ausente o se den circunstancias especiales respecto a su capacidad.

Cualquier aborto practicado fuera de estas circunstancias es un delito, ya sea el practicado por la propia mujer, (Artículo 212 CPJ), un particular con su consentimiento (Artículo 213 CPJ ), un médico, farmacéutico o matrona con consentimiento (Artículo 214 CPJ), un particular sin consentimiento (Artículo 215 CPJ) y lo mismo que en el caso anterior pero con resultado de muerte o lesión para la madre (Artículo 216 CPJ).

Sala de Pachinko

Interior de un Pachinko japonés, único lugar verdaderamente habilitado para el juego en el Imperio del Sol Naciente, similar a los casinos

Otro hecho que llama poderosamente la atención es la persecución a las apuestas ilegales. De hecho Japón es uno de los países en los que más dinero se juega, ya sea en forma de los archiconocidos y exóticos Pachinkos como en los diferentes tipos de carreras. Por ello, sólo están permitidas las llamadas “Kouei kyougi” que están vinculadas con las competiciones de lanchas, ciclismo y, por supuesto, motocicletas, en honor a fabricantes como Kawasaki, Honda o Yamaha, puesto que el país es el líder mundial en su fabricación. El resto están terminantemente prohibidas, tanto las esporádicas en sí (Artículo 185 CPJ) como las habituales o simple hecho de acudir a casas de apuestas (Artículo 186 CPJ)

Algo similar sucede con las loterías. En los países europeos, éstas se concibieron como impuestos voluntarios. La Administración promovía una de ellas en las que, por un precio económico, se te permitía participar en un sorteo en el que se ofrecían grandes premios, aunque la práctica es que obtenerlos era improbable (existe una probabilidad de uno entre más de trece millones y medio de acertar la combinación de la Lotería Primitiva), lo que a veces se traducía en malestar ciudadano y de hecho, ésa fue una de las causas que motivaron el Motín de Esquilache en 1766 en Madrid. El problema es que si las nacionales y las regionales son casi un fraude, las promovidas por instituciones privadas, lo son en toda regla en estos países y la experiencia nipona al respecto no es muy alentadora. Por ello sólo se permiten tres tipos en Japón: los “rascas”, las de número único y las de selección de combinación. Las demás, adolecen de reproche Penal (artículo 187 CPJ).

Ello se traduce en que, en teoría, no hay Casinos Legales en el Imperio del Sol Naciente, siendo las ya mencionadas salas de Pachinko los únicos locales válidos en los que se pueden realizar esta clase de actividades. La práctica es que existen por doquier y están todos ellos, cómo no, en manos de la Yakuza, que ha demostrado en ese sentido una enorme capacidad, no sólo para evitar una legislación en su contra, sino también para influir en los resultados de los deportes en los que realmente desean “divertirse” los asiáticos: el sumo y el baseball.

Tanaka Shizuichi

La intentona de Golpe de Estado conocida como Kyūjō Jiken en la historiografía nipona fue la principal demostración del patriotismo nipón, capaz de seguir luchando tras sufrir dos bombas atómicas y la inminente invasión de la URRS; el militar que lo paró, Shizuichi Tanaka, se quitaría la vida poco más tarde para evitar el deshonor de la capitulación

Aunque si hay algo que nos indica de un modo claro y rotundo cómo es la sociedad japonesa es sin duda el comienzo de la parte especial de este código. Y es que los artículos que van del 77 al 96, no sólo son, con mucha diferencia, los más duramente sancionados, con condenas tan fuertes como la Cadena Perpetua o la Pena de muerte, sino que están todos ellos relacionados con el concepto de “traición”. El Homicidio se encuentra casi al final (Artículo 199 CPJ).

La colocación de estos preceptos no es en absoluto casual, ya que esta clase de cuerpos legales suelen empezar con los crímenes más execrables desde el punto de vista social. Así el nuestro comienza con el Homicidio (artículo 138 CPE), para seguir con las diferentes variedades de asesinato y continuar con el aborto y las lesiones. Por contra, los delitos que denominamos genéricamente como “Contra la Constitución”, y que incluye la Rebelión o la Sedición, están tipificados cerca del final, a partir del 472 del CPE. Pero, ¿pasa lo mismo en el resto de países?

El Código Penal Portugués también empieza con el Homicidio, el Francés con el Genocidio y los crímenes de Lesa Humanidad, para pasar inmediatamente al Homicidio, el Belga con los relacionados con el Terrorismo. Pero curiosamente, tanto el Código Penal Italiano como el Alemán también comienzan con los delitos relacionados con la traición al estado. Un hecho que, se mire por donde se mire, delata que a pesar de que la Constitución Japonesa actual está redactada por juristas estadounidenses, tanto el país transalpino como el Imperio del Sol Naciente, han tenido siempre como referencia legislativa a Alemania, bien por compartir no pocas experiencias históricas en los dos últimos siglos, bien porque los alemanes eran considerados los mejores en el ámbito del Derecho durante toda la Edad Moderna y Contemporánea. Lo cual no quita para llegar a una clara conclusión: la sociedad nipona es considerablemente nacionalista y antepone los intereses patrióticos al resto.

Conclusión

En el improbable caso de que hayas llegado hasta aquí me gustaría decirte que evidentemente éste no es un tema tan agradable como el del año pasado. Una Constitución consagra derechos y da al ciudadano un instrumento para defenderse de los abusos del poder, pero un Código Penal parece que los persigue y aniquila. Sin embargo no es así. Se trata de un texto legal que sirve para defender al honrado y castigar al malhechor. Al tiempo de que, precisamente porque estos últimos existen e intentan utilizar de forma torticera sus preceptos, trata de defender al inocente de posibles denuncias falsas.

En Japón el Derecho Penal es auténtico. Busca castigar al delincuente y lo reinserta sólo cuando verdaderamente lo merece. Del mismo modo, es severo con lo objetivamente censurable y blando con los comportamientos leves. Algo que se debe a que en el Imperio del Sol Naciente se legisla de verdad, en vez de hacer lo que se hace por aquí, que se resume en volcar el programa electoral de un partido concreto en el Código Penal, mientras se redactan “leyes alimaña” con las que destrozar a sus enemigos y saquear en la medida de lo posible la administración.

Al respecto, los preceptos son claros, basados eso sí en la casuística, pero profundamente lógicos y asimilables. No es por lo tanto como el español, lleno de vías fraudulentas y resquicios para las denuncias falsas en el que se ha intentado que todos los españoles pasen a las primeras de cambio ante un juzgado de lo Penal, sólo para contentar al grupo de presión de turno, basándose en el cuentismo, el victimismo hipócrita y, por encima de todo, la codicia a nivel político.

Procesalmente hablando también es más simple, dado que la acusación la monopoliza el Ministerio Público, lo que simplifica los juicios y evita que en ellos se diriman asuntos personales que dudosamente tienen que ver con el pleito, como en la práctica sucede en España, al margen de que abarata considerablemente el precio de cada proceso. Todo ello sin contar con que no existe lo que en nuestro país llamamos “procuradores” que, con la encomiable labor de llevar y traer papeles al juzgado haciendo de chico de los recados del abogado, sólo sirven para encarecer a lo loco cualquier procedimiento, por ridículo que sea.

La otra de las principales diferencias es que en Japón sí que existe Pena de Muerte en la horca o la Cadena Perpétua, por lo que el reo puede jugarse en la práctica el perder su vida, incluso siendo menor de edad, en clara contraposición a la doctrina Penal Española que es muy permisiva con los menores y que consagra un máximo de 40 años de cárcel, que en la práctica sólo pueden cumplir un número mínimo de procesados. Por contra, las estancias en prisión ordinarias en el Imperio del Sol Naciente son mucho más breves que las que se dictan por estos lares, aunque muchas veces esta reclusión viene acompañada de trabajos forzados.

Por último, es sorprendentemente permisivo con temas sexuales, en algunos casos bastante repudiables, mientras que después no permite cosas tan baladíes como la representación o plasmación de genitales en medios impresos o audiovisuales. También en materia de drogas, donde sólo el opio encuentra espacio para el reproche Penal. La otra de sus grandes paradojas es su amplia represión al juego de azar, cuando tanto su entorno continental como sus propios nativos son particularmente aficionados al mismo.

Un Derecho, pues, bastante más pequeño en cuanto a su tamaño que en España. Con unos códigos muy breves llenos de artículos escuetos y de fácil interpretación, con menos demagogia en cuanto a las penas y, por supuesto, con una agilidad bastante mayor y con menos tolerancia hacia los juicios paralelos de la prensa; hasta el punto de que encontrar material audiovisual de algunos de los grandes crímenes de la historia japonesa es poco menos que imposible, mientras que por aquí, existe material de sobra sobre la menor incidencia. En definitiva, una demostración del porqué ellos están donde están y nosotros estamos donde estamos.

Derecho Fina Fin

19 comentarios el “El Derecho Penal en Japón. Delitos más importantes y normas procesales básicas en el Imperio del Sol Naciente

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  3. Muy interesante, este artículo, Dath. Me sirvió para interiorizarme sobre el Código Penal Japonés. Yo creía que eran muy estrictos con todo tipo de drogas. No sabía que con el tema del sexo eran tan permisivos, a pesar de ser un tema tabú.

    Por otra parte, hace unos meses me enteré del caso de Natsumi Tsuji y fue chocante, fue muy fuerte. Con respecto a los menores, hay una película japonesa del 2010 llamada “Kokuhaku” (Confessions), que trata la no imputabilidad de los menores ante un crimen. Es una película fuerte, con violencia psicólogica, pero muy bien hecha. Te la recomiendo.

    Perdón por pasar recién ahora a comentar, pero tardé varios días en leer esta entrada.
    Besos.

    • Pues muchísimas gracias por haber soportado una entrada tan larga como ésta. Eso sí, mira que no soy capaz de hacer que me llames “Javi”… Lo de Dath es sólo para los que no me conocen leñe xD. Apuntada queda la película. De aquí a una semana la veré y te comentaré por Twitter :3.

      Ya respecto a lo de los menores, pues es una vergüenza pero es así. También aquí en España cualquier menor de 14 años es directamente inimputable haga lo que haga. Algo que evidentemente no se ajusta a las necesidades de una sociedad en la que cada vez tiene menos sentido el concepto de “menor de edad” tal y como lo conocemos y en los que éstos pueden cometer y de hecho cometen delitos tan execrables como las violaciones o los asesinatos y o no pueden ser perseguidos o, en el caso de que así sea, las penas son mínimas. Pero por aquí hay mucho “vividor” del cuento en materias legales y sus bolsillos están por encima del resto de cualquier otro interés. Y ojo, por ridículo que parezca, en Japón la edad mínima para ser imputado de un delito eran los 16, aunque en 2000 se redujo a 14.

      Por último, te diré que no te fies de nada de lo que veas o leas sobre “Nevada-Tan”, Natsumi Tsuji o como la quieras llamar. En Japón está expresamente prohibido dar hasta datos que permitan indirectamente identificar al menor, por lo que no se sabe a ciencia cierta ni su nombre ni su aspecto físico real. Sólo el de su víctima, Satomi Mitarai. No obstante, y debido al material que existe sobre el tema en Internet, sí que es posible que ése sea su nombre real y que su aspecto físico sea el de la foto de la entrada. Pero no es algo seguro ni que se pueda confirmar. A pesar de lo anterior, se dice que la internaron en un reformatorio.

      Un saludo.

  4. Es una entrada alucinante, quiero hacer mi trabajo de fin de Grado sobre esto (estudio derecho), y la verdad es que esta entrada es toda una inspiración jeje

  5. Simplemente impresionante tu investigación, te lo agradezco, soy profesora de Derecho y me sirvió mucho.

    Te felicito.

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  7. Hay muy poco sobre Derecho Penal en Japón y este artículo es muy completo. Muchas gracias, me ha sido de gran utilidad. Muy interesante lo de que aunque sean menores de edad según el OJ japonés, si han cumplido 18 puedan ser ejecutados como adultos.

  8. Hola,
    ¿Que hay sobre el delito de conduccion de un vehiculo mptorizado en estado de ebriedad? ¿Esta tipificado en el sistema juridico penal Japon?

    ¡Congratulaciones por tu legible y magnifico artículo!

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  10. Increíble y muy concienzudo trabajo. Lo que necesitaba buscar, esta aquí, cada punto y cada variable lo explicaste muy bien.

    Estaba investigando para una historia y tu entrada me cayó del cielo.
    Muchas gracias.

    • Ahora que tengo la mano más o menos bien, te respondo. Me alegra ver que así que te ha sido de ayuda. Si necesitas saber algo más sobre el tema, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Y Feliz Navidad.

      Un abrazo.

Adelante, siéntete libre para incordiar :3

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